Hace un año, a pocas horas de conocerse la muerte de mi colega Alberto Nisman, escribí una pequeña columna en este medio donde se me ocurrió dejar sentado el deseo (y la intención profesional) de que la denuncia contra el Gobierno anterior que había presentado aquel 14 de enero no muriera con él.
Si bien no podíamos entender en ese momento qué había ocurrido, no dudé en afirmar que se trataba de la muerte política violenta más importante de estos 32 años consecutivos de vida en democracia.
Transcurrió un año en el que el Gobierno hizo lo indecible por destruir la imagen de Nisman como persona, con el claro propósito de que la sociedad no diera entidad a su denuncia.
En no más de un par de meses algunos miembros de la Justicia se encargaron de archivar la denuncia sin atreverse a abrirla, en un proceso judicial sin precedentes ante las 46 trascendentales medidas de prueba propuestas por el fiscal que requiriera la presentación efectuada por Nisman.
Ningún intento de explicación dogmática o académica justifica tal celeridad a los ojos de quienes conozcan los rudimentos del derecho penal.
No hace falta ser un especialista para entender que solo la necesidad política del Gobierno podía explicar tal desatino jurídico.
Todos recordamos con emoción la marcha del silencio al cumplirse el primer mes de su muerte.
Fuimos cuatrocientas mil personas bajo una lluvia torrencial que homenajeamos a un fiscal que, sea como fuere, dio su vida para intentar el esclarecimiento de hechos que, a mi juicio, solo se explican bajo el prisma que planteara esa denuncia cuestionada sin ningún argumento de peso.
Pocos colegas de Nisman, cada vez menos, nos propusimos resistir los embates de encumbrados funcionarios de la anterior administración, incluida la propia presidenta de la Nación, que se encargó en varias cadenas nacionales de cuestionar nuestra posición.
En mi caso, incluso mostró mi foto en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo.
La investigación de las causas de su muerte sigue abierta con idas y vueltas de las que no puedo abrir juicio por mi condición de fiscal del caso ante la Cámara de Apelaciones, aunque en mi fuero íntimo tengo una opinión formada en torno de una de las hipótesis que presenta el expediente.
Mientras tanto, y con una prisa que solo la falta de independencia y la militancia puede explicar, otros funcionarios judiciales hicieron avanzar la investigación sobre las cuentas bancarias que podrían involucrar a la madre y a la hermana de Nisman, que soportan a pie firme esta carga sin saber todavía qué ocurrió con su muerte.
Por todo ello, entonces, y para volver a la idea inicial, es de esperar que algunas medidas del nuevo Gobierno, como el claro pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán o la ampliación de la unidad de apoyo a la investigación del atentado a la AMIA en el ámbito del Ministerio de Justicia, que ahora incluye la causa de la muerte de Nisman, genere una nueva impronta y provoque la reapertura de la investigación de la denuncia inicial de Alberto Nisman.
Esa que desde el día en que se conoció su muerte los bien intencionados tratamos por todos los medios de que no se muriera con él.
Ese es nuestro mejor homenaje a su memoria y su trabajo.
* Nota de opinión publicada en Infobae.com


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