Se pospuso la decisión sobre el pedido de remoción del juez Fernando Mariscal Astigueta y el fiscal Armando Cazón por sus actuaciones en el caso de la niña wichi violada en Alto La Sierra (Santa Victoria Este). Los funcionarios judiciales fueron cuestionados por el juez de la Corte Abel Cornejo por mal desempeño, retardo de Justicia e incumplimiento de los deberes en las resoluciones que adoptaron tras el abuso ocurrido el 28 de noviembre de 2015.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió ayer a la mañana y resolvió otorgar hasta 10 días hábiles a los acusados para que se expidan sobre la imputación en su contra. También se encomendó al procurador general, Pablo López Viñals, que fije su posición sobre la denuncia. Por la feria judicial, que comienza el lunes próximo, el plazo para presentar las contestaciones vence el 28 de julio. Desde ese día el Jurado tendrá otros cinco días hábiles para resolver si da lugar al pedido de jury.
La medida se adoptó a fin de "reunir más elementos de juicio para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad", según comunicaron desde el Poder Judicial.
El caso tuvo repercusión nacional luego de que El Tribuno diera a conocer, el 25 de mayo, la situación vulnerable de la niña wichi, de 12 años, quien sobrellevaba un embarazo sin ningún tipo de asistencia y contención del Estado.
La víctima fue sometida a una cesárea el 3 de junio, y su bebé, de siete meses de gestación, falleció a los pocos minutos de nacer a causa de una anencefalia.
Fueron imputados por la violación ocho personas, tres de ellos menores de 18. Cuatro de los adultos están detenidos desde la segunda semana de junio y el restante se encuentra prófugo. Los otros acusados esperan la resolución del caso en libertad por disposición de la jueza de Menores Sandra Sánchez.
Hasta principios de marzo los mayores, de entre 19 y 22 años, estuvieron detenidos, pero fueron liberados por el juez Mariscal Astigueta porque el certificado que corroboraba el abuso fue realizado por un médico que no tenía revalidado su título en Argentina y el examen lo firmó el bioquímico Ramón Bustamante, gerente del hospital de Alto La Sierra.
El fiscal Armando Cazón fue apartado de la investigación del abuso el jueves de la semana pasado tras cuestionamientos en su contra presentados por Mariscal y el exdefensor de uno de los menores de edad imputados. En su reemplazo asumió Pablo Cabot, quien se sumó a las actuaciones que realiza desde hace unas semanas en la causa el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.
El fiscal reemplazante ordenó una serie de medidas de pruebas, muchas de ellas ya habían sido llevadas a cabo por Cazón.

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