El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, eligió un momento especial para salir a tranquilizar al parlamento argentino, ocupado ahora en aprobar el arreglo con los fondos buitre. El funcionario admitió que algunos bonistas irán a la Justicia, pero desestima el reclamo porque esos títulos "prescribieron".
"Hay una parte muy importante de esos fondos que rechazan la propuesta con los que no queremos negociar ni estamos interesados en que acepten la propuesta argentina", dijo el ministro. Y agregó: "Sabemos que es en este núcleo de tenedores donde se abrirá un proceso de litigios, porque ellos van a ir a la Justicia reclamando la validez de esos títulos que para nosotros han prescrito".
El ministro aclaró que para aquellos acreedores que sí tienen bonos válidos y que aún no se decidan a aceptar la oferta, la propuesta de pago seguirá en pie más allá del 14 de abril.
En voz de Prat Gay, el Gobierno avisó que el 14 de abril pagará en efectivo a los holdouts y fondos buitre que hasta ese día acepten la oferta con una quita del 25%, dando por descontado que el Congreso aprobará el trámite.
"Nosotros seguimos pensando en que vamos a cumplir con esa fecha", dijo, cuando faltan 34 días para que se cumpla el plazo acordado en la negociación llevada adelante en Nueva York con los acreedores.
La ley
El debate del proyecto de ley de normalización de la deuda pública y acceso al crédito público enviado por el gobierno de Mauricio Macri será debatido el próximo martes en el recinto de la Cámara de Diputados.
El oficialismo llegará al martes con el Frente Renovador y Bloque Justicialista como aliados, dado que esos espacios políticos acordaron acompañar el proyecto luego de que fueran aceptados algunos cambios al proyecto.
En tanto, la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó fijando una agenda de trabajo que empezaría el próximo miércoles, con las expectativas puestas sobre la convocatoria al procurador general del Tesoro, Carlos Balbín.
Prat Gay precisó que con los holdouts que aceptaron la propuesta, el monto total que el país debe pagar es de 7.759 millones de dólares.

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