Una triste situación viven los vecinos de Santa Victoria Este, en el límite del Chaco salteño con Bolivia y Paraguay, en el departamento Rivadavia. Ahí se busca resolver hace más de 20 años el conflicto de tierras más grande de la Argentina, donde se tienen que reorganizar 643.000 hectáreas, de las cuales 400.000 pertenecen a comunidades originarias y 243.000 a las familias criollas pioneras de la zona. Casi todos los actores del conflicto coinciden en señalar que hay lentitud en el Gobierno.
Como a finales de enero, ayer había tensión entre algunas familias criollas y algunas comunidades originarias por la quema de alambrados en establecimientos productivos. Los aborígenes más intransigentes, entre los que se encuentra el consejero de los pueblos indígenas frente al INAI, Gervasio Barbier, explicaron a este medio: "No podemos permitir que se hagan nuevos alambrados, por lo que algunos caciques plantean la posibilidad de levantarlos". Barbier aseguró que se comunicaron con la Policía y el Gobierno provincial para que sean ellos los que obliguen a las familias criollas a levantar los postes y así evitar enfrentamientos. "Hicimos todo de forma legal, esperando que el Gobierno sea el que levante los nuevos alambrados. Vamos a dar un plazo antes de levantarnos nosotros", dijo por su parte Celestino Martínez, cacique de la comunidad Evenezer.
Otra posición tiene el cacique chorote de la comunidad Nueva Esperanza, Humberto Chené, que no comparte la metodología de levantar alambrados. "Creemos que se puede solucionar esto de otra manera y sin violencia. Hay que hablar con tranquilidad con los hermanos criollos y los hermanos aborígenes para buscar una solución, porque quemar alambrados solo hace que el problema se vuelva más grande. Pedimos que venga el Gobierno de manera urgente y garantice la paz. Nosotros queremos ayudar y conversar para que se termine la violencia. Estamos muy preocupados. Queremos que se junten con todos, no con algunos", dijo a El Tribuno.
Gervasio Barbier, por su parte, responsabilizó al Gobierno provincial por las medidas contra los alambrados. "No se está respetando lo acordado, porque no se pueden levantar alambrados nuevos y eso es porque el Gobierno no está cumpliendo tampoco la reubicación de los criollos", agregó.
José Ángel Romero es un criollo del paraje Cortadera, el lugar donde ayer se vivía más tensión y en donde viven sus padres y sus cinco hermanos. "Sí, es verdad que estoy cerrando un predio, pero es de 150 metros por 150. Yo lo necesito por el tema de la aguada de las vacas y además porque me están multando de Senasa por no vacunar contra la aftosa. Pienso que no es grave lo que hago, porque de lo contrario me quedo sin poder darle agua a los animales y sin vacunar, que es obligatorio. Senasa me exige que vacune y en ese corralito es el único lugar. Quiero conversar y dar mi explicación", dijo ayer el pequeño productor a El Tribuno, en comunicación telefónica.

El conflicto de tierras

El caso se inició en el año 1998 con una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2007 se logró un acuerdo que estableció que quedarían para las comunidades 400.000 hectáreas y 243.000 para las familias criollas, algunas de las cuales debían reubicarse, con la promesa de contar con los servicios básicos, cosa que hasta el momento no se concretó.

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