El viernes pasado llegó a General Gemes una delegación de funcionarios de la oficina de Tierra y Hábitat provincial, encabezada por el secretario Ángel Sarmiento, a fin de darle una solución definitiva al problema que se planteó hace dos años en terrenos que hoy se conocen como asentamiento Nueva Esperanza II.
Durante los días previos, la entidad provincial dejó para su consulta listados de las familias que estaban en condiciones de ser propietarias de algunos de los 280 lotes en los que fue dividido el terreno expropiado cuatro años atrás a la empresa azucarera Ing. San Isidro.
Cabe recordar que, además de la subdivisión de los lotes, hubo una distribución entre familias solicitantes y que cumplimentaron los requisitos para ser adjudicatarios.
Lamentablemente, hubo una excesiva demora en la entrega definitiva de los lotes, lo que llevó, tras dos años de espera, a que otras familias también necesitadas de terrenos los ocuparan.
Desde esa fecha hasta ahora transcurrieron otros dos años más y tuvieron lugar muchos hechos entre denuncias por usurpación, amenazas de desalojo y peleas entre familias usurpadoras y adjudicatarias.
"Estamos aquí para regularizar la situación y terminar con el conflicto, estamos haciendo entrega provisoria de lotes luego de verificar toda la documentación obrante en su poder. Ellos deberán ir y reconocer la ubicación del terreno y si está ocupado realizar la denuncia correspondiente", explicó Sarmiento a la prensa.
Esta situación no cayó bien entre los adjudicatarios, ya que podrían tener problemas con las personas usurpadoras en caso de que las haya.
"Queremos que ellos hagan el desalojo si corresponde. Nosotros no queremos ser agredidos por los usurpadores si se niegan a desocupar nuestros lotes", expresaron a coro.
A pesar de las malas predicciones, y previo a un trabajo de notificación por parte de la Policía, la mayoría de los okupas se fueron retirando en forma pacífica durante el fin de semana. Solo se registraron algunas discusiones pero sin consecuencias. "Los terrenos fueron usados como botín de guerra por sectores políticos enfrentados. Ellos instaban a la ocupación y ahora se ven las consecuencias. Creo que se debe trabajar con seriedad por los que no tienen una vivienda. En este sentido estamos acompañando un pedido de una nueva expropiación presentado por el senador Lávaque", manifestó el actual Diputado Provincial, Emilio Fernández Molina.
Por su parte, la intendenta Alejandra Fernández negó las acusaciones de la gente que estaba ocupando un terreno en forma ilegal. "Se dijeron tantas cosas en mi contra. Yo jamás alentaría una ocupación; tengamos en cuenta que esto genera un problema del cual yo me tendría que hacer cargo posteriormente. Fueron otros sectores políticos los que alentaron la ocupación, justamente para generarme un conflicto que afecte mi gestión", explicó la mandataria.

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