A un año del accidente de la ruta 34 en el que murieron 43 gendarmes que viajaban de Santiago del Estero a Jujuy por un operativo de seguridad, el juez federal Julio Bavio ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de dos integrantes de la fuerza que habrían actuado con negligencia. La investigación hasta ahora determinó que el ómnibus en el que iban las víctimas tenía un desperfecto en una rueda pero nadie evitó que saliera a la ruta.
Juan Carlos Germán, comandante a cargo de la logística del destacamento móvil 5, y Ricardo Ernesto Villasanti, suboficial responsable de la división motorizada, fueron considerados "prima facie" autores del delito de estrago culposo con resultado de muerte. La Justicia pidió el embargo sobre sus bienes por la suma de cinco millones de pesos cada uno.
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Durante la investigación se estableció que el colectivo tenía una rueda en mal estado que ya había generado inconvenientes en viajes anteriores.
"Se determinó que el neumático venía fallando. Varios conductores habían hecho saber que estaba mal gastado y alteraba la dirección del colectivo. Los responsables deberían haber tomado medidas, como cambiarlo o no utilizar el vehículo. Al no tomar esas previsiones, se considera que hubo negligencia", explicó a El Tribuno Ricardo Toranzos, fiscal federal a cargo de la investigación.
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El fiscal detalló además que se descartó que la tragedia pueda haber sido resultado de las malas condiciones de la calzada o de una maniobra imprudente del conductor.
"Se hicieron pericias y en esa zona la ruta estaba en condiciones de ser transitada. No había anomalías graves. También se pudo saber que el chofer era uno de los mejores de la fuerza. Era un hombre muy prolijo que siempre tomaba muchas precauciones para manejar", relató.

Superiores

Tras determinar en primera instancia la responsabilidad de Germán y Villasanti, la Justicia citó a indagatoria a tres de sus superiores para 2017. El objetivo es determinar qué rol cumplieron y si conocían la falencia que tenía el ómnibus en el que enviaron a Jujuy a los gendarmes.
El juez Bavio llamó a declarar al comandante mayor Elio Rafael Méndez el 14 de febrero, al comandante principal Ramón Antonio Maidana el 15 de febrero y al comandante Juan Carlos Bordón el 16 de febrero.
El 14 de diciembre de 2015, 150 gendarmes del destacamento móvil 5 de Gendarmería de Santiago del Estero viajaban desde esa provincia hacia Jujuy. Los integrantes de la fuerza se trasladaban con la misión de evitar posibles incidentes y cortes de ruta supuestamente organizados por la organización Tupac Amaru, liderada por la hoy detenida Milagro Sala.
Después de dos horas de viaje por la ruta 34, el primer colectivo que encabezaba la caravana se desbarrancó en el kilómetro 956, a la altura del puente del arroyo Balboa, a 15 kilómetros de Rosario de la Frontera.
El vehículo se dio vuelta y cayó sobre el techo. De los 51 gendarmes que iban en el ómnibus, fallecieron 43. Fue el hecho más trágico en la historia de Gendarmería Nacional.
Entre las víctimas fatales había ocho salteños: Juan Carlos Guerrero, Oscar Aguilar y Daniel Alejandro Llanos (de Salvador Mazza), Javier Ernesto Centeno y Roberto Oscar Delgado (de Orán), Guillermo Federico Guitián (de Salta capital), Víctor Hugo Cuestas y Sergio Gallardo (de Tartagal).

Un estrago

"El juez nos da la razón en que es un estrago y agravado por la cantidad de muertes. Está clarísima la ampliación de las imputaciones a todos los jefes que tuvieron responsabilidad directa", dijo Mauricio Arriagada, el abogado de las víctimas. Y agregó: "Estamos en el camino de seguir conociendo detalles que agravan aún más la situación y que ponen a la luz la gravedad del hecho. A la fecha Villasanti y Germán están procesados, no tienen cómo escaparse de la acusación que pesa sobre ellos".
Después de que el juzgado federal de Santiago del Estero y el juzgado provincial de Rosario de la Frontera se declararan incompetentes, la causa recayó sobre el Juzgado Federal 1 de Salta, a cargo de Leonardo Bavio.
La Fiscalía pudo constatar, en la investigación preliminar, el inconveniente que había con uno de los neumáticos. Se comprobó que tenía un "desgaste totalmente amorfo y desparejo", por lo cual en cualquier momento podía reventarse.
El fiscal indicó que a algunos de los familiares de las víctimas se les adelantó una indemnización por los seguros para que pudieran subsistir, ya que mucho de los fallecidos eran cabezas de familia.
Con respecto al reclamo de familiares de las víctimas que consideran que la causa está parada o demorada, el fiscal señaló que, teniendo en cuenta la complejidad del caso, el tiempo que transcurrió estaría en el "orden de lo normal".
"Hay una imputación por parte de la fiscalía, una investigación, se han pedido indagatorias, hay pericias y pruebas que adjudican responsabilidades. Las causas judiciales y los sentimientos de las víctimas normalmente no van juntos y no resuelven los pesares de las personas. Lo único que se puede es buscar responsabilidades. A ellos les falta el ser querido y esta causa por ahí no llega a cumplir todas las demandas que tienen para calmar el dolor", expresó Ricardo Toranzos.

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