El juez federal Ariel Lijo procesó ayer a los exfuncionarios kirchneristas Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, por lavado de dinero por la procedencia de los aportes para la campaña presidencial de 2007 que consagró a Cristina Kirchner presidenta de la Nación.
El juez consideró que a través de aportes hechos por varias empresas se puso en circulación en el mercado la suma total de 886.000 pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud. Capaccioli era superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo era entonces legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral, y también están involucrados los empresarios, Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
A todos los acusó por el delito de lavado de dinero por haber insertado aportes por más de 800 mil pesos hechos por parte de droguerías cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional. Lijo le trabó un embargo de 3 millones de pesos en base por el delito de "lavado de activos provenientes de un delito".
Los aportes cuya procedencia se sospecha son de un ilícito y fueron hechos por las droguerías Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que aportaron un total de 886 mil pesos proveniente de un "origen ilícito", y la maniobra fue "a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud".
"Néstor Lorenzo y Héctor Capaccioli fueron los encargados de aquella puesta en circulación y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza Frente para la Victoria del 2007 para llevarla acabo. Los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el propio despacho de Capaccioli", sostuvo el juez en su fallo.
"Se estableció que las empresas aportantes Multipharma, Global Pharmacy y Sacamp eran presididas por Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, respectivamente", evaluó el magistrado.
El juez tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes como para afrontar donaciones para la campaña electoral de 2007, por lo que consideró que el dinero aportado no les pertenecía.
Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y, cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público de las entidades para eludir que fuera identificado el aportante.
Lijo también evaluó que los empresarios investigados, Bellone como Lorenzo, Brito y Torres, están procesados por ser parte de una asociación ilícita por la "mafia de los medicamentos".
El juez también consideró que el dinero de los aportes pudo provenir de narcotraficantes mexicanos y recordó que el fallecido Forza lo declaró por el dinero que entregó su empresa. Otro de los expedientes que el juez evaluó que guarda puntos en común con los involucrados es la del triple crimen de General Rodríguez, hecho en el que aparecen tanto Lorenzo como Torres y el fallecido Forza.

El desbande K en el Congreso nacional

Seis legisladores del Movimiento Evita, abandonaron el bloque kirchnerista. La escandalosa detención de José López volvió a afectar al Frente para la Victoria en Diputados. Luego de que Maurice Closs junto a otros dos legisladores de Misiones abandonaran el bloque, ayer, luego de que se aprobara el allanamiento a la casa de Julio de Vido, hubo una ruptura más resonante: los seis diputados del Movimiento Evita. Se trata de Carlos Grosso, Andrés Guzmán, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila de Ponti, que pasarán a conformar el Peronismo para la Victoria: "No podemos dejar que la corrupción ensucie la única herramienta que tienen los trabajadores para conquistar derechos: la política. Quienes ocuparon y ocupan un lugar en la función pública deben estar a disposición de la Justicia", expresaron en un comunicado.
Los diputados, en desacuerdo con defender al exministro de Planificación, decidieron no asistir a la sesión en la cual se aprobó el allanamiento: "Nosotros sabemos que no tenemos nada que ocultar, que tuvimos un gobierno que amplió los derechos de las mayorías de este país. Si hubo corruptos, que se investigue a fondo". Y con críticas al gobierno de Mauricio Macri, oficializaron el nuevo bloque como "una herramienta legislativa que le haga frente al avance del ajuste y de las medidas antipopulares: tarifazos, devaluación, despidos, cierre de fábricas, apertura de importaciones".
"El Gobierno asumido en diciembre avanza sobre los derechos adquiridos por nuestro pueblo durante los últimos 12 años en el gobierno popular liderado por Néstor y Cristina", sentenciaron. Nada hace suponer que en los próximos días no habrá más abandonos en las filas K teniendo en cuenta los temas que se vienen con opiniones divididas.
El futuro
Desde un punto de vista físico, el peronismo nacional se encuentra tironeado desde tres sectores. Uno es, claramente, el del kirchnerismo, el otro pasa por los gobernadores provinciales, a excepción de Alicia Kirchner, y el restante está conformado por la dupla Sergio Massa y José Manuel de la Sota. Los intereses de esta terna son absolutamente antagónicos, aunque en diferentes grados y proporciones.
Así, mientras que a los kirchneristas les viene de perrilla practicar una oposición sangrienta, con visos destructivos y dañinos para la gobernabilidad de Mauricio Macri, los gobernadores prefieren la mesura, habida cuenta de sus necesidades financieras. A Massa y de la Sota, por su lado, les sienta mejor una postura republicana y moderada, con la vista puesta en la toma del poder partidario del PJ.


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