Con la ley 7017, promulgada a fines de 1998, Salta consolidó un régimen de consorcios de usuarios que hoy, bajo la supervisión de la Secretaría de Recursos Hídricos, asegura el riego de más de 270 mil hectáreas.
Esa herramienta podría entrar en crisis y la provincia caer en un retroceso, si diputados oficialistas imponen un proyecto de ley que modificaría el Código de Aguas para alimentar la caja del Estado con los recursos que ingresan por canon de riego. Hoy esos fondos específicos se reinvierten, a través de los consorcios, en canales, tomas, defensas y otras obras de infraestructura hídrica.
En la sesión de hoy de la Cámara Baja, Lucas Godoy, Oscar Ángel y Sebastián Casimiro intentarán avanzar con la iniciativa que impulsaron junto a Miguel Calabró, el exdiputado caldereño que asumió como secretario de Relaciones Institucionales de la Provincia.
El proyecto apunta a reformar el artículo 186 de la ley 7017 (Código de Aguas) para apartar a los consorcios de la gestión de los recursos obtenidos con el cobro del derecho de uso del agua pública.
Consultados por El Tribuno, el presidente de la Asociación de Consorcios de Riego de Salta, Fernando San Román, y el gerente del Consorcio de Usuarios de El Tunal, José Ortiz de Urbina, lamentaron que los legisladores no convocaran a las entidades del sector para conocer la opinión de los productores que nuclean.
F. San Román ASOCIACION DE CONSORCIOS "Los autores del proyecto que podría destruir el sistema de riego de Salta no consultaron a los consorcios de usuarios".
Los dirigentes advirtieron que el inconsulto proyecto, con lo poco que se conoció hasta ahora, está encaminado a destruir del sistema de riego que se articuló hace 17 años.
"Hoy los consorcios de usuarios son un engranaje fundamental del aparato de riego en la provincia. Son el brazo largo del Estado, los que están en las acequias y distribuyen el agua", remarcó San Román.
El productor metanense sostuvo que los impulsores del controvertido proyecto deberían diferenciar los conceptos de administración y distribución. "Los consorcios no administran el agua, la distribuyen. El que administra y otorga el canon de riego es el Gobierno provincial", aclaró con respecto a facultades y roles que están perfectamente definidos en la Constitución y el Código de Aguas vigente.
"Si la idea es resucitar una empresa como AGAS (Administración General de Aguas de Salta), estaríamos hablando de cientos de empleados, un largo tiempo de arranque y un enorme presupuesto", cuestionó San Román, tras recalcar que con el actual sistema de consorcios el Estado resolvió el riego de más de 270 mil hectáreas en toda la provincia y ahorró ingentes gastos.
Ayer, el titular de la Asociación de Consorcios se reunió con el secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera. "Me aseguró que él y tampoco el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, avalarán modificaciones que afecten el desenvolvimiento de los consorcios de regantes", dijo San Román.
Entre los argumentos para reformar del Código de Aguas, legisladores invocarían la necesidad de una mayor distribución de recursos para los consorcios más chicos. "Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero no hace falta reformar el Código de Aguas, porque solo se necesita para ello modificar algún decreto reglamentario", consideró San Román.
Desde hace tiempo, por una decisión consensuada entre productores, un 10% del "item A", como se llama a la parte más importante de los ingresos por canon de riego, es cedido por los consorcios más grandes a los chicos. "No sé si los diputados conocerán esto: imagino que sí", acotó San Román.
Ortiz de Urbina agregó que ese fondo de asistencia tiene como principales destinatarios a los consorcios de los valles de altura que, en general, son pequeños y no pueden autofinanciarse.
J. Ortiz de Urbina CONSORCIO DE EL TUNAL "Si se modifica el Código de Aguas, la provincia, que hoy es tomada como ejemplo a nivel nacional, sufrirá un grave retroceso".
El productor de la zona de El Tunal explicó que el 50% de los recursos recaudados con el canon de riego se depositan en una cuenta oficial de la Secretaría de Recursos Hídricos. Con ese porcentaje de los ingresos se alimenta el Fondo de Infraestructura Hídrica (FHI), a través del cual son financiadas las obras comuneras que propone cada consorcio y aprueba el organismo provincial.
El otro 50% de lo recaudado se gira a los consorcios para pagar a los tomeros, cubrir los costos de mantenimiento de los sistemas de riego y solventar otros gastos operativos.
"Son fondos de libre disponibilidad, pero deben encuadrarse al Código, aplicarse como corresponde y están sujetos a auditoría directa de la Secretaría de Recursos Hídricos", subrayó Ortiz de Urbina con respecto a las rendiciones.

El Tunal es el gran objetivo

Salta tiene actualmente 53 consorcios de usuarios.
El más grande, el de El Tunal, resume los puntos más altos logrados en los sistemas de riego desde 1998.
Y parece ser también, por los ingresos que alcanzó con los derechos de uso del agua pública, el objetivo principal de la reforma.
En su área nuclea a productores que riegan unas 50 mil hectáreas.
Por canon de riego sus asociados pagan $111 anuales por hectárea.
A la par, abonan $14 anuales por hectárea de prorrata, para un programa de control de la plaga de yuyo cubano iniciado en 2006.
En resumen de cuentas, en el área del Consorcio de El Tunal el riego mueve ingresos por $6.200.000, con un nivel de cumplimiento del 75 al 80% en los pagos.
Con AGAS el nivel de cumplimiento rondaba entre un 10 y un 15%.
La diferencia está en las obras que ven los regantes. El 85% se corresponde con pequeños productores con menos de cien hectáreas.
Entre las 25 obras de mayor envergadura se cuentan los canales de El Vencido (35 kilómetros), Divisadero (12 kilómetros) y Los Rosales (20 kilómetros). Los conflictos de riego allí se redujeron casi a cero.


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Sección Editorial

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Walter LUNA
Walter LUNA · Hace 5 meses

La Administración General de Aguas de Salta (AGAS), no solamente atendía el importante tema, como lo es el riego. Era parte de su jurisdicción en toda la Provincia, el servicio de agua, colección y tratamiento de desagües cloacales, certificados de “no inundabilidad” por requerimientos de los municipios y desagües pluviales. En aquel entonces, no había gente inundada -inclusive en el casco céntrico de la Capital- y que no tiene agua para beber y su elemental subsistencia y tampoco asentamientos a la vera de los ríos, que es uno de los mayores problemas en todos los conurbanos de Tartagal, Embarcación, Pichanal, Orán y Salta Capital, entre otros. La migración, por falta de agua a esos conurbanos, debe ser el problema más importante de los últimos tiempos. Los canales de esa época, eran para desagües pluviales y hoy, se han convertido en desagües cloaco/pluviales. El riego es muy importante. Y las connotaciones sociales de los otros problemas, no son menores.

Diego Vazquez
Diego Vazquez · Hace 5 meses

Otra vez los legisladores salteños demostrando la poca visión de futuro que tienen y la ambición desmedida por seguir viviendo de plata ajena. Será que nunca en la vida Godoy y familia saldrán a trabajar a la calle con una pala y un pico? ¿siempre garroneando un puestito del gobierno para hacer estupideces nada mas? La gente que presentó esta vergüenza de proyecto debería saber que harán un tremendo daño a los pueblos del interior por que los Consorcios de riego aseguran producción y trabajo. Claro, para un diputado son malas palabraa, ellos solo conocen dieta, empleo y subsidio. Una verdadera lástima vivir en Democracia para tener diputados tan pobres de imaginación, tan ignorantes, nunca pensando en crecer, siempre pensando en destruir.


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