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Propuesta para solucionar el tarifazo
La estrategia populista de congelar los precios de la energía -junto a los de otros bienes y servicios- en un escenario inflacionario, naturalmente, conduce al retraso de estos precios congelados respecto a los que acompañan el ritmo inflacionario, provocando dos distorsiones principales.
Por un lado, se genera una grave complicación hacia el futuro, cuando tal congelamiento necesariamente deba ser revisado, porque genera las explicables molestias y dificultades a los usuarios al actualizarse los valores de los servicios.
Por otro lado, se potencia el consumo de los productos que han mantenido su precio congelado en forma desproporcionada respecto de los que han ido corrigiendo sus valores con lainflación, al abaratarse aquéllos relativamente, produciéndose un sobre-consumo que de otro modo no habría ocurrido, lo cual agranda la brecha ocasionada por este exceso de demanda, obligando a que los subsidios para cubrirla sean progresivamente mayores.
Evidentemente, lastarifasdeben modificarse, y al ser imposible que los precios que han acompañado la inflación se retrotraigan a los niveles vigentes al momento del congelamiento de las tarifas, necesariamente deben ser éstas las que aumenten para ponerse en sintonía con los restantes precios al momento del sinceramiento.

La distorsión

Sin embargo, no es menos evidente que si la distorsión es demasiado grande, el salto de precios que debe producirse provoca casi seguramente quebrantos en muchos consumidores, a la vez que en el caso de las empresas usuarias de energía -obviamente, prácticamente todas- se presenta una nueva distorsión al obligarlas a elevar los precios de sus productos, lo que evidentemente produce una fuerte retracción de sus ventas al mismo tiempo que se deterioran los ingresos reales de los usuarios por los mayores precios.
Frente a esta situación, una alternativa es mantener los subsidios a las empresas proveedoras, reduciéndolos progresivamente, al paso que las tarifas van incrementándose de a poco, y otra, elevar bruscamente los valores que deben pagar los usuarios para ponerlos en línea con los costos de prestación de los servicios. Sin embargo, la primera alternativa, planteada en forma aislada, obliga al Tesoro a cubrir la diferencia, manteniendo el problema de su impacto sobre el déficit fiscal, en tanto que la segunda pone a muchos usuarios en la imposibilidad de pagar de una sola vez el costo de los servicios.

La progresión posible

Una alternativa diferente es producir la corrección en forma progresiva, indexando las tarifas con más un porcentaje adicional, hasta que éstas, así corregidas, alcancen el total del costo de prestación del servicio. Adicionalmente, por la diferencia entre lo que paga el usuario y el costo del servicio en el período hasta que se adecuen los pagos, el estado emitiría un Bono para la Energía (Boner) con el que se pagaría mensualmente a las empresas prestadoras esa diferencia.
La propuesta puede imaginarse considerando que el costo de las tarifas en términos reales es constante en todo el tiempo que requiera la adecuación, por ejemplo, cinco años. Si este costo es 100 y los usuarios pagan 10, se genera aproximadamente un triángulo de altura 90 -la diferencia entre 100 y 10- y de base 60, considerando los meses durante cinco años. Por lo tanto, el área que corresponde a la diferencia entre el costo y los pagos de los usuarios, será de 2.700, que es la mitad de 5.400, superficie que representa lo que los usuarios no pagan durante el período y que equivale a los Boner emitidos. De estos 2.700, el Estado debe pagar periódicamente la cuota parte mensual, lo que supone que conserva la diferencia que puede aplicarse a obras de infraestructura.
La propuesta presenta tres ventajas principales respecto a no hacer nada o bien cobrar de golpe el total a los usuarios. En primer lugar, se distribuye en el tiempo la actualización, permitiendo a los usuarios adaptarse a los nuevos valores. En segundo lugar, no se desfinancia a las empresas, que cobran periódicamente el total del costo del servicio.
En tercer lugar, se descomprime la presión sobre el Tesoro, al liberarse éste de cubrir la brecha entre el precio cobrado y el costo del servicio.
Finalmente, se dispone de una importante masa de recursos para realizar obras de infraestructura.
La razón por la cual es válido que el Estado nacional acuda en auxilio de los usuarios a través de la emisión de los Boner, es que, claramente, constituye una injusticia que los primeros deban pagar montos adicionales al valor histórico de las tarifas de una sola vez, con incrementos que exceden su capacidad de pago.
Al mismo tiempo, de la misma forma en que ladeuda externala debe afrontar la Argentina en su totalidad, no importa si la contrajeron gobiernos constitucionales o provenientes de golpes de estado y se busca su distribución en el tiempo con pagos de amortizaciones periódicas por medio de títulos de la deuda pública, es también ese mismo estado, no importa si gobiernos anteriores cometieron gravísimos errores, el que debe proporcionar una solución -como la que aquí se propone u otra superadora- sin que el peso de la corrección de tales errores deba descansar unilateralmente en los usuarios ni en las prestadoras del servicio que inexorablemente se deteriorará primero y se dejará de prestar en definitiva en tal caso.

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