Pocas cosas definen la integralidad de un país como los recursos energéticos con que cuenta y su distribución entre la población que lo habita.
Como en un barco que naufraga, el reciente aumento tarifario expuso con dramatismo en las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones cotidianas, esa condición oculta del ser humano que prioriza su supervivencia, incluso cuando el que está al lado sea un compatriota.
La distribución de gas natural y de energía eléctrica conlleva un principio de solidaridad inalienable, que poco fue tenido en cuenta durante la década de las tarifas regaladas y la aparente solidaridad social.
En cierto sentido, el sistema energético es como el sistema jubilatorio: los activos que pueden generar un ingreso mensual aportan recursos para que los pasivos cobren y vivan.
Con el gas y la energía, sucede lo mismo: quienes tienen acceso a estos servicios deben necesariamente realizar un esfuerzo para que quienes carecen del servicio, alguna vez accedan.
Durante la década de las tarifas regaladas, millones de argentinos (aproximadamente la mitad de la población) disfrutaron el metro cúbico de gas natural a menos de 80 centavos, con impuestos incluidos. Un precio ridículo, por el cual no hubo asombro de ninguna clase, menos aún recursos de amparo ante la Justicia y marchas de protestas en la calle.
Mientras tanto, la otra mitad de la ciudadanía todos argentinos envueltos por la misma celeste y blanca, continuó anclado en la falta del servicio. La cantidad de usuarios, por ejemplo, creció apenas 15 % en 14 años. Para los demás habitantes, sólo leña o gas envasado a precios desregulados, que jamás se congelaron.
¿Cuántas experiencias existen en el mundo contemporáneo sobre un país que sale de un congelamiento tarifario que se extendió a lo largo de 12 años y con alta inflación?
Ninguna.
¿Cómo se hace para mantener criterios equilibrados y justos? No hay una respuesta única.
Con el paso de los días, el conflictivo tema se encaminó hacia una polarización entre el shock aplicado por el Gobierno nacional y quienes empujan cambios bajo advertencias de catástrofes inminentes e inevitables.
La propia administración, a través de uno de sus ministros, reconoció cambios de estrategia sostenidos en el equilibrio político. De hecho, hubo modificaciones con la fijación de topes a los incrementos, algo que sirve para el corto plazo pero está lejos de resolver los problemas fiscales y de las prestatarias en un período largo.
La cuestión tarifaria no es simplemente una corrección de precios relativos, sino que define en sí misma el destino político de la administración. ¿Por qué? Están en juego dos a tres puntos del producto interno bruto, de un déficit total acumulado de seis o siete puntos al final del kirchnerismo.
El déficit energético se llevó 140 mil millones de pesos en 2015, algo así como 140 mil viviendas en tan sólo un año. ¿Se entiende la magnitud del problema?
Es decir, los recursos que el Estado no logre recuperar por vía de las facturas de electricidad y gas natural, deberá ponerlos extrayéndolos de otras fuentes. Y, ya se sabe, con el gasto público todavía a todo vapor, esos manantiales con billetes son: o la emisión lisa y llana (más inflación) o un endeudamiento externo adicional en dólares.
No hay más, sencillamente, porque primero la gestión que lleva seis meses en el poder debe cubrir un fuerte gasto social; resignó recursos con rebajas tributarias para movilizar a sectores productivos paralizados; afrontó el corsé de la devolución de la coparticipación a las provincias, y está imposibilitada de subir tributos en medio de una heredada presión fiscal en niveles récords.
En consecuencia, si el Gobierno admite que debe hacerse cargo del costo que significa la energía para un cada vez más grande y diverso número de usuarios, implícitamente estará reconociendo una mayor gradualidad en el ajuste que aplica y la supervivencia de la inflación. Es exactamente lo contrario de lo que le reclaman sectores económicos aparentemente interesados en desarrollar inversiones y que -mal que nos pese- no ven la cirugía mayor que esperaban en el sector público.
Al ministro de Energía, Juan José Aranguren, se le enrostra haber avanzado en el sinceramiento tarifario con paso de elefante en un bazar. Es difícil pensar que para ello alguien que tiene la formación de un CEO de empresa no haya tenido la venia de sus superiores. En este caso, el presidente Mauricio Macri, metido en su decisión de producir en el primer semestre los ajustes en la economía a fin de apuntar a una baja drástica de la inflación para el resto del año.
Aranguren se defiende con un dato concreto que alcanza para convencer a Macri: todo lo que aumentó la electricidad, que pasó de costar 1,70 centavo de dólar a 0,6 o 0,7 centavos de dólar por kilovatio hora, apenas alcanza para pagar el 33 % de lo que le cuesta a las generadoras producir esa energía.
¿Cuánto les pega realmente el ajuste tarifario a las empresas, y en particular a las fábricas?
La Unión Industrial Argentina (UIA) recorrió con esa pregunta el espinel de sus asociados y llegó a la conclusión de que a lo largo y ancho del país, sobre un universo de 115 mil industrias, unas 6.900 hacen un uso intensivo de la electricidad y verificarían con la factura de la luz aumentos de costos difíciles de asimilar.
En cambio, otro es en el panorama en lo vinculado con los incrementos en las tarifas de gas natural.
Si bien aparecen casos dramáticos, como el de una fábrica de cerámicas del sur del país, la mayor parte de las industrias que demandan este fluido ya venían asumiendo desde el año pasado incrementos y los trasladaron al precio. Un tema no menor en esta discusión pasa por determinar qué sería un aumento "razonable" en las tarifas que atienda la necesidad oficial de reducir el déficit fiscal y, al mismo tiempo, atender los costos de las empresas.
Con esta perspectiva del empresario, ¿cuál debería ser el precio? Pocos conocen, por ejemplo, que hasta que se produjo el rebalanceo tarifario, las estaciones de GNC pagaban el gas al mismo precio que el que se abonaba por la cocina de una casa de familia. Ahora fueron pasadas a la categoría de consumidores industriales. Hoy, un metro cúbico de ese gas cuesta 10 pesos.

Tapar el sol con las manos

Pero, como decimos al inicio, no existe experiencia mundial sobre un país que mantuviera una década las tarifas congeladas en un escenario inflacionario como el que dominó a la gestión del kirchnerismo los últimos ocho años. Sí se sabe cuál será el próximo: Venezuela.
En Salta, por ejemplo, se verificaron actualizaciones periódicas en la tarifa eléctrica y el golpe porcentual es inferior al registrado en otras jurisdicciones, aunque los precios nominales continúen muy por arriba de otras provincias. Salir de ese esquema dejó el campo tendido de heridos. Pequeñas industrias, comercios, organizaciones deportivas, instituciones sociales, entre una larga lista, acusaron el impacto y pidieron quedar comprendidas en tarifas subsidiadas, a lo cual el Gobierno hizo lugar parcialmente. Sirve para la coyuntura, pero no contribuye a contener la sangría de fondos públicos ni la inversión. Aun así, pervive en la conciencia colectiva el convencimiento de que todas estas actividades deben ser sostenidas por el Estado nacional.
A partir del reciente acuerdo fiscal por la devolución del 15 % de la coparticipación, las provincias y los municipios recibirán muchos más recursos que los cobrados durante la década pasada. ¿No podrán asimilar una responsabilidad cercana con sus ciudadanos, como la de subvencionar a estos sectores de la sociedad? ¿O ese mayor ingreso terminará, como ya quedó suficientemente demostrado a lo largo de la historia de este país, hundido en el gasto salarial y político?
Para entender el dilema, basta un ejemplo. Si una sociedad decidiera que el presupuesto federal debe subvencionar el gas natural para una pileta olímpica pública, o la electricidad para un club de barrio, ¿por qué no colaborar también con el pago de los entrenadores o del personal de mantenimiento que forman parte de esa actividad al igual que el insumo energético? En definitiva, los tres - la energía, el entrenador y el personal de mantenimiento - son partes inseparables de la actividad. Algo semejante ocurre con el sector comercial o la pequeña industria que hace uso intensivo de los combustibles. Aparecieron casos donde resulta evidente que los planes de negocios funcionaron sobre la base de gas o electricidad fuertemente subsidiados. Hoy esos números no cierran más. Es otro drama que surge de creer que se puede tapar el sol con las manos.
Con el populismo tarifario, no pocos argentinos que lloran la llegada de la nueva factura iban rumbo a quedarse con un hilo de gas en sus casas, pero de hecho la otra mitad no tuvo nunca disponible ese combustible. Aún cuando lo necesitaran igual, para las mismas cosas y con las mismas urgencias.

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Sección Editorial

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Ernesto Ordoñez
Ernesto Ordoñez · Hace 2 meses

¿uno que se parezca a los aumentos de salarios? ¿conoces algun salario que haya cambiado el 400%?

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