El debate sobre los menores en conflicto con la ley penal plantea un nuevo escenario a partir de una iniciativa que elevó esta semana la Corte de Justicia de Salta para la creación de fiscalías exclusivas para adolescentes.
El proyecto, que ya ingresó a la Legislatura, es un avance en el delicado planteo sobre qué hacer con los menores que cometen delitos, sobre todo aquellos de gravedad contra las personas, aunque está lejos aún de una solución de fondo al grave problema social.
En la actualidad los menores en conflicto con la ley penal están sometidos a un régimen paternalista, no son sujetos de derecho ya que cuentan con la tutela del Estado y los institutos que trabajan para su reinserción social, tienen el estigma de la cárcel de menores o reformatorios, donde son confinados en condiciones al menos cuestionables.
Amparados por convenios internacionales, inimputables por su edad, pero plenamente concientes al momento de cometer un delito, los menores ingresan a los institutos una vez que el juez penal se declara incompetente y deja lugar al juez de menores, que al mismo tiempo debe oficiar de fiscal en la causa que se imputa. Este circuito burocrático contribuye al retardo de Justicia, que también se manifiesta en estos niveles.
El régimen penal de menores que tiene vigencia en el país, data de hace 40 años. En ese lapso los delitos cambiaron de formas y modos, al igual que los jóvenes, partícipes activos de una sociedad que también ha evolucionado hacia la violencia colectiva. Los delincuentes adultos utilizan la minoridad y hallaron en los niños la vía inmediata y más segura para lograr su fines. Un ejemplo puntual y de mucha actualidad es el que se da en el narcotráfico con los dealers. Los niños son captados primero como consumidores de estupefacientes y luego utilizados para la venta al menudeo.
En este punto, la penalidad que le cabe a un menor de acuerdo al delito que cometió abre las aguas en el debate y las posturas de la opinión pública y entra en el terreno de la inimputabilidad, aunque el proyecto enviado a la Legislatura salteña nada tiene que ver con este tema crucial.
Los delincuentes adultos utilizan la minoridad y hallaron en los niños la vía inmediata y más segura para lograr su fines
El Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes propuesto por la Corte salteña, no hace referencia en ningún modo a la edad de imputabilidad de los menores, ya que eso correspondería al ámbito del Código Penal, pero sí contribuye en términos de garantías a asegurar un proceso justo para todos los involucrados con el delito cometido.
La iniciativa no habla puntualmente de la creación de nuevos cargos o fiscalías especializadas, aunque esa será la herramienta de aplicación, pero resulta una cuestión más de fondo ya que en Salta no existe un régimen penal específico para los jóvenes.
Con el sistema propuesto, los fiscales determinarán y pedirán o no la detención y los jueces de Menores harán las veces de Garantías para hacer lugar o no a esa detención en base a lo que proponga el fiscal. De acuerdo a lo establecido normativamente, hay un año de plazo para que se arbitren los medios necesarios para el funcionamiento de los operadores de la Justicia.
De esta forma, la ley de alcance provincial podría cubrir un vacío legal en el actual régimen penal de menores, con la intervención de jueces, fiscales, defensores y asesores de menores que hoy no existen en el sistema, para abordar el complejo problema de los delitos que cometen los adolescentes.
La iniciativa promete abrir nuevamente el debate social sobre la base de que si un adulto comete un delito, se lo detiene y un juez debe comprobar que delinquió. Con un menor no pasa lo mismo. No hay juicio y, por lo tanto, no puede haber condena y este es el punto neurálgico que debe llevar a un análisis mucho más profundo en los ámbitos legislativos.

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