En la semana pasada tuvo repercusión en los distintos medios, la denuncia realizada por la periodista María Julia Oliván revelando que varios periodistas designados en Radio Nacional y en la Televisión Pública, durante el gobierno de Cristina Kirchner, estarían formulando demandas laborales por cifras millonarias. Se habla de 17 reclamantes (casi todos panelistas de "6, 7 y 8") y de una cifra cercana a los treinta millones de pesos.
En los reclamos se incluyen "vacaciones no gozadas", "antigedad" y "sueldo anual complementario" omitidas durante toda la "relación laboral". También demandan por el despido incausado, cuando el actual gobierno finiquitó los contratos celebrados poco antes del cambio de autoridades.
Al margen de la discusión política y ética que han generado estas demandas, nos interesa analizar, sin parcialidad alguna, el reclamo laboral en sí.
Surgen varios interrogantes. ¿Existió relación laboral? ¿Son válidos los contratos celebrados? ¿La falta de reclamo durante mucho tiempo les hace perder derechos? ¿Sus altos salarios los excluyen de ser considerados dependientes? ¿Pueden reclamar varios años para atrás?
Para dilucidar si existe una relación laboral, lo primero que debe determinarse es cuál régimen se les aplica: a) el régimen de la función pública; b) la ley de contrato de trabajo (LCT). Si encuadraran en la primera hipótesis, los empleados estarían gravemente desprotegidos ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha negado los derechos laborales a los trabajadores de la administración pública, que según criterio del Supremo Tribunal serían sujetos del derecho administrativo. Ergo: los trabajadores del Estado son una especie de parias, desprovistos de amparo laboral.
De acuerdo al facsímil de un telegrama que publica la periodista Oliván, el reclamo se dirige a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Los estatutos de este organismo establecen claramente que los trabajadores se rigen por la LCT. En este caso, no podría discutirse la existencia de una relación laboral ya que se desempeñaban bajo dependencia, cumpliendo horarios y percibiendo una remuneración. No importa que lo hicieran por pocas horas diarias y por temporadas. Tampoco tiene importancia que no hayan formulado reclamos durante la vigencia de la relación laboral. Es un hecho incontrovertible que los trabajadores nunca se animan a realizar reclamos hasta que se finiquita el empleo.
Los contratos serán válidos en cuanto sean favorables a los trabajadores. Aunque percibieran altas remuneraciones, gozan de todos los derechos de un simple operario. Personalmente, he sostenido que aquellos que tienen capacidad de negociación para establecer altas remuneraciones y condiciones excepcionales de trabajo no deberían recibir todos los beneficios de la legislación laboral (por ejemplo un jugador de fútbol o un gerente de una multinacional que pautan un salario mensual de $200.000).
Nuestro último interrogante surge de la información que sostenía que los reclamos de vacaciones, aguinaldos, etc. se extendían a siete u ocho años para atrás. Ello no es posible. Los créditos laborales prescriben a los dos años y las vacaciones no son compensables en dinero: la que no se tomó oportunamente se pierde indefectiblemente (si les aplicara el régimen de la función pública podrían reclamar hasta cinco años y también vacaciones atrasadas; es una de las pocas ventajas de este régimen).
Como yapa, dada la condición de periodistas de los reclamantes, tendrán derecho a una indemnización especial equivalente a 6 meses de sueldo, como lo establece su estatuto (ley 12.908, del año 1946).

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