La Oficina Anticorrupción (OA) recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que "se desprenda de su participación societaria" en la compañía Shell, y sostuvo que el funcionario "deberá abstenerse" de tomar intervención en cuestiones relacionadas con ese grupo empresario.
El organismo que encabeza Laura Alonso emitió la recomendación en un dictamen en el que analizó la situación de Aranguren "en virtud de su previo rol como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd en el marco de las normas sobre conflictos de intereses".
"La OA resolvió recomendar al ministro que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o que adopte alguna medida patrimonial (tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición)", se informó a través de un comunicado.
La OA basó su recomendación el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública. El artículo sostiene: "El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores".
Además, la Oficina Anticorrupción le hizo saber al ministro que "deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario".
"En caso que se presente una situación de este tipo, el ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo", señaló.
La OA aclaró que "si bien la ley 25.188 no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y solo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas".
El dictamen se dio a conocer luego de un procedimiento que comenzó el 16 de marzo pasado, cuando Aranguren fue denunciado por infringir normas de conflicto de intereses.
En cuanto a la necesidad de abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a Shell, el organismo advirtió que incluye también "la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario. En cambio, el ministro no tendría vedado adoptar medidas que incidan en general sobre la actividad desarrollada por todas las sociedades del sector".
En ese contexto, la OA dictaminó que Aranguren no violó la normativa vigente en relación con "la adquisición de 7 cargamentos de gas oil por parte de Cmmesa a través de YPF SA- a la empresa Shell Western Supply & Trading Ltd. (Stuaco)".
La resolución de la OA se encuentra en sintonía con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2003: "En una sociedad cada vez más exigente, los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas". Además, en 2005, la organización aseguró: "Para un funcionario público, tener un "aparente conflicto de interés'' puede ser tan serio como tener un conflicto real, por la potencial duda que puede surgir sobre la integridad del funcionario, y la integridad de la organización del funcionario".

Los millones y las tarifas

De acuerdo a su declaración jurada, Aranguren tiene una participación por $16.326.051,67 en la casa matriz de la petrolera, la compañía Dutch Shell PLC.
Sus acciones le valieron críticas desde el Frente para la Victoria -el diputado Martín Doñate lo denunció por presunto incumplimiento- y hasta desde sus propios aliados -Mario Negri dijo que le "hace ruido" la situación del funcionario nacional.
En los primeros 10 meses de gestión de Cambiemos, Aranguren se convirtió en uno de los ministros más resistidos por la oposición. Desde el primer momento, resonaron como un cántico los cuestionamientos por el desprolijo proceso para actualizar las tarifas de los servicios públicos, tema todavía no terminado.

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