El proyecto de reforma política que comienza a discutirse en el Congreso de la Nación presenta propuestas de tipo procedimental interesantes en lo concerniente a mejorar el proceso electoral argentino. Sin embargo, parte de un diagnóstico equivocado cuando afirma que "nuestro país cuenta con una democracia sólida" evidenciando una desconexión con la realidad de la calidad democrática argentina, más próxima a una ciudadanía de baja intensidad como la describió el politólogo Guillermo O'Donnell. El resultado es un proyecto bien intencionado pero de alcance limitado y sesgado que deja fuera de consideración a una parte importante de la población, fundamentalmente aquella que es rehén del clientelismo político. Si por democracia entendemos solamente el ejercicio del derecho al voto, entonces resulta apropiado aventurar que nuestra democracia está consolidada. Sin embargo, la democracia es mucho más que ir a votar regularmente, y es a partir de este reconocimiento básico en donde caemos en la cuenta de lo lejos que estamos de haberla consolidado. Igualdad, consenso, competencia, pluralismo, y respeto a las minorías, constitucionalismo y participación, son todos atributos que hacen a la democracia y en los cuales debemos trabajar y mejorar mucho. Sin embargo, es el último, el de la participación, el más importante por estar vinculado directamente a una libertad fundamental como es la libertad política. La discusión sobre la libertad política es eminentemente práctica. No es filosófica ni moral. El politólogo Giovanni Sartori la llamó acertadamente libertad "protectora", dado que protege al ciudadano de la opresión de los poderosos. Un tipo de libertad que se ve amenazada en los barrios pobres y marginales de nuestro país afectando decididamente la calidad de la democracia. En estos barrios el vínculo clientelar hace que el cuarto oscuro no sea tan oscuro, y es poco importante si se vota en papel o en boleta electrónica. Lo cual, incluso, puede agravar el problema por temor a quedar "marcado" en el sistema, rumor que harán correr los punteros políticos poco tiempo antes de la elección. Sin dudas, el cambio de gobierno representa un paso positivo en relación a este tema. Sin embargo, el clientelismo entendido como un sistema de coacción a los más necesitados y que llegó al máximo grado de obscenidad durante el gobierno kirchnerista sigue vigente. Entre otras cosas, porque es una práctica arraigada culturalmente y transversal en distintos grados a todos los partidos políticos y organizaciones sociales que administran recursos del Estado. Quizás por esta razón poco se hable del tema a pesar de su importancia. Desde luego, la idea de crear un ente autárquico electoral, establecer la Boleta Única Electrónica (BUE), eliminar las listas sábanas y transparentar el financiamiento partidario son reformas positivas. Sin embargo, lejos se estará de lograr el objetivo declarado de "promover una democracia de alta calidad en el siglo XXI" si cuando hablamos de reforma política no ubicamos en el centro del debate la problemática del clientelismo político en toda su dimensión y complejidad. Es el paso previo para mejorar las condiciones sociales y de equidad necesarias para un ejercicio pleno de la ciudadanía de todos, fundamentalmente la de los pobres, que tienen en la libertad política su mejor herramienta para el ascenso social.

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