La industria de la construcción tiene particularidades que no se repiten en otra actividad. Desde el punto de vista económico, tiene un efecto multiplicador que permite la rápida reactivación de variados sectores, la inmediata creación de empleos y posee un efecto arrastre para una parte importante del resto de la economía. Representa un 5% del PBI y el 7% del empleo total (440.000 puestos registrados). A su vez, junto al complejo de proveedores, llega a concentrar casi el 15% del PBI y el empleo total.
Desde el punto de vista laboral también tiene características irrepetibles. En general, los contratos de trabajo tienen vocación de continuidad en el tiempo; todo lo contrario ocurre en la construcción, que por definición, se limita a la realización de una o más obras; concluidas las cuales finiquitan las respectivas contrataciones laborales.
Ello no obsta a que al cabo de un tiempo surja otra obra y se renueven los conchabos. Dado que nuestra constitución establece la protección contra el despido, necesariamente debería indemnizarse cada vez que finaliza la obra. Como ello resulta extremadamente engorroso se ideó un sistema, puesto en práctica mediante un estatuto dictado durante la dictadura del Gral. Onganía, en 1967 y luego reproducido en el estatuto que rige actualmente (ley 22250), sancionado también durante otro gobierno militar (Videla, 1980). Quizá por su espurio origen ha merecido constantes críticas de los sectores gremiales (aunque no como cabría esperarse, del propio gremio de la construcción) y paralelamente ha tenido inmerecidos elogios (no muy racionales) del sector empresario.
Básicamente, el sistema se apoya en un "Fondo de cese laboral" (antes llamado, equivocadamente, "fondo de desempleo") que consiste en una contribución patronal (del 12% el primer año, 8% en los siguientes) que va a una cuenta individual del trabajador. Cuando se produce la extinción de la relación laboral, el trabajador tiene derecho a retirar ese fondo acumulado que le ha sido depositado en el Banco Nación. Para percibir el monto acumulado no importa cuál ha sido el motivo de la finalización del contrato (inclusive despido con justa causa o renuncia). Cuando el empleador despide sin causa alguna también la indemnización se limita a ese fondo de cese laboral. Este aspecto es el que lo hace tan apreciado por algunos empleadores; pues pueden despedir a quien sea, simplemente porque lo ha mirado mal, ­sin tener que pagar indemnización! Por eso proponen que el sistema se extienda a todas las actividades. Parecería que esos empresarios se identifican con ese siniestro personaje de la política estadounidense, Donald Trump, cuando en su programa televisivo "El aprendiz", con deleite perverso espeta a su atónito interlocutor la frase "you are fired" (estás despedido, literalmente: estás quemado).Esta idea encierra una falacia: no solo pagan una indemnización sino que resulta más cara. Efectivamente, supongamos una empresa con 100 trabajadores, con un sueldo de $10.000 cada uno. Al cabo de un año la empresa habrá aportado $120.000; si los despidiera según el régimen común de la Ley de Contrato de Trabajo (un mes por cada año de servicio); tendría que pagar $100.000. En el primer caso habría pagado indemnizaciones más caras, pero con el agravante que en una empresa normal no se despide a todo el personal cada año. A ello se suma que financieramente la contribución patronal se deposita mensualmente, mientras que las in demnizaciones por despido se
se pagan recién cuando se pro duce la extinción de la relación.

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