Luego de un encuentro entre el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se acordó la continuidad del relevamiento de las comunidades indígenas y la unificación de personerías jurídicas.
Gómez Almarás anunció que se profundizará con la Nación el trabajo de relevamiento técnico jurídico catastral de comunidades indígenas que establece la Ley 26160, además de crear el registro único para evitar duplicidades en las inscripciones de comunidades.
Al mismo tiempo, Avruj se interiorizó sobre las funciones de la primera cartera provincial creada en el país, con el fin de entender en la implementación de las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto a la identidad cultural, la posesión y propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.
El ministro señaló que también se acordó trabajar desde la Subsecretaría de Regulación Territorial y Registro de Comunidades Indígenas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto de Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), en la unificación de un registro único de personería jurídica de las comunidades "para evitar la duplicidad y un doble registro y regularizar aquellas que aún tienen la forma de Asociación Civil o Centros Vecinales".
La Ley 26160 de comunidades originarias declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en el organismo provincial competente. Regirá hasta el 23 de noviembre de 2017 y suspende hasta entonces la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo de las tierras contempladas por la normativa.

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