El título puede sonar a ciencia ficción para algunos. Pero no es más que otro caso en el que la realidad la supera. A los fines de ilustrar la infinita complejidad que la tecnología está dispuesta a producir, ya alguna vez citamos en este diario a Isaac Asimov y sus famosas "tres leyes de la robótica", a saber: 1) un robot no dañará a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño; 2) un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley; 3) un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ésta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.
La insistencia en la cita radica en demostrar la premisa inicial, pues hoy en día estos principios se encuentran en boga cuando se discute sobre la regulación legal de adelantos tecnológicos asimilables a robots o autómatas.
Uno de los desarrollos tecnológicos de gran versatilidad que ha suscitado debate en torno a su regulación legal ha sido el del uso de "drones". Los drones son nada menos que aeronaves en miniatura controladas de forma remota y sin tripulantes, cuyos usos varían desde lo militar a lo civil.
Desde el ámbito militar, cabe recordar que EEUU utilizó drones para asesinar a líderes afganos y paquistaníes de ISIS. Incluso, en la última masacre promovida por una tensión racial galopante, se utilizaron drones para uso policial con el fin de aniquilar a los responsables, todo ello en medio de la ciudad de Dallas.
Esto último, a su vez, le significó una denuncia en la ONU por un "uso desproporcionado de las fuerzas policiales contra civiles, la discriminación racial y el uso de drones contra civiles".
Desde lo civil, los usos varían desde filmaciones y/o toma de fotografías, hasta un fin meramente recreativo similar al de los ya conocidos aviones o helicópteros de aeromodelismo, pero con la singularidad de que pueden registrar todo lo que la cámara ve.
La multiplicidad de fines genera desafíos que el Derecho debe resolver, sobre todo en materia de responsabilidad civil y derecho a la intimidad.
Si bien podría resultar discutible afirmar o negar que los drones gozan de inteligencia artificial, en el sentido de emular funciones cognitivas desde el punto de vista de la ciencia computacional, no obstante, es indudable que el hecho de que cuenten con un software sofisticado, aquel permite la automatización de toma de decisiones, y calificarlos como robots o autómatas.
La clasificación como tales, en este sentido, no resulta superficial si tenemos en cuenta, por ejemplo, uno de los problemas jurídicos de mayor dificultad en cuanto a su solución, que es el de la atribución de responsabilidad civil en caso de que emergieran daños.
Si bien una respuesta rápida a ello la pueden dar las reglas del Código Civil y Comercial que regulan los daños causados: a) "por el riesgo o vicio de las cosas"; b) "de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización" (Art. 1.757).
En ambos casos atribuyendo a su autor una responsabilidad de tipo objetiva (la cual hace abstracción de la culpabilidad, es decir, de la existencia de una intención deliberada, o bien de negligencia o impericia en el proceder del autor), las dificultades para ubicar al autor siguen existiendo en el plano fáctico y no jurídico, sobre todo si no hay regulación alguna que establezca, por ejemplo, un registro de propiedad o de conductores autorizados.
Uno de los derechos que puede verse vulnerado por un uso abusivo de drones es el derecho a la intimidad, en tanto la cantidad de imágenes y videos que pueden obtenerse de una persona, lo cual se infiere dada la altísima resolución de las cámaras que se utilizan para capturar imágenes máxime si se considera que el contexto en el que se toman las mismas son de lugares de residencia o trabajo habitual, constituyen no sólo datos personales protegidos por ley sino también una intromisión indebida en la privacidad.
Desde el plano legal, las respuestas en el Derecho argentino están constituidas por el artículo 1770 del Código Civil y Comercial, que dispone que "el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y pública retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización".
En relación a esta última reglamentación, específica sobre la recolección de datos personales (fotográficos, fílmicos y sonoros o de cualquier otra naturaleza) a través de dispositivos montados en drones, sin dudas se trata de una norma de vanguardia, que establece básicamente las llamadas "Condiciones de licitud para la recolección de datos personales a través de VANT o drones". Entre ellas, cabe destacar la obligatoriedad de inscripción de las bases de datos de imágenes obtenidas mediante drones en la Autoridad Administrativa nacional, y, desde luego, la reiteración de algunos principios vitales para una recolección lícita de datos personales, como el del consentimiento previo y el de proporcionalidad con el fin para el cual se obtienen dichos datos.
La normativa, no obstante, resulta criticable al dejar importantes excepciones libradas a la falta de reglamentación específica, sobre todo cuando dispone la falta de consentimiento previo, por ejemplo, "cuando la recolección de los datos la realice el Estado nacional en el ejercicio de sus funciones", o "cuando los datos se recolecten con motivo de la atención a personas en situaciones de emergencia o siniestros".
Asimismo, la disposición excluye expresamente, por ejemplo, la recolección de datos que tengan por finalidad la realización de estudios científicos, cartográficos, sobre recursos naturales, medio ambiente o actividades análogas las cuales deben aplicar "técnicas de disociación definitiva", como por ejemplo la difuminación de la imagen, y/o la utilización de drones con fines exclusivamente recreativos y sin la finalidad de capturar datos personales de terceros.

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