El defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, celebró la decisión del Gobierno nacional de pagar las 300.000 sentencias y trámites judiciales iniciados por los jubilados por reajuste de haberes.
El defensor advirtió que existen más de un millón de perjudicados que no presentaron las demandas y también tienen derecho a cobrar, según la legislación vigente.
"Es interesante hablar de un tema anacrónico en Argentina, muchos jubilados se murieron en espera de un juicio", señaló Semino en diálogo radial.
"Se habla de 50.000 sentencias que se liquidan este año. Está previsto en el presupuesto $12.000 millones para el pago de estas sentencias", detalló, y aclaró: "Tenemos planteado desde 2008 el reclamo que se pague por vía administrativa, es un poco de esto lo que se trata, o sea el pago por vía administrativa de las 300.000 sentencias", agregó.
Semino recordó que "ese millón de jubilados en condiciones de litigar contra el Estado, pero que por diferentes motivos no lo hicieron. Tienen el mismo derecho y no hicieron juicio y la idea planteada es liquidarles también a ellos", enfatizó.
La decisión tomada para que la Anses liquide de una vez por todas las actualizaciones adeudas fue de carácter político.
El presidente Mauricio Macri es el que dio la orden al equipo económico de ponerse al día con los reclamos por la actualización de haberes entre 2003 y 2006.
La iniciativa del Gobierno apunta no solo a 50.000 sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia, sino a quienes iniciaron juicio y a quienes están en condiciones de hacerlo.
Asimismo, tendrán prioridad de cobro los casos de edad avanzada (entre 85 y 99 años), enfermedad terminal y situaciones extremas.
Al ser consultado sobre el origen del millonario desembolso, Semino confirmó que se habla de dos fuentes de financiación.
"Una posibilidad es el blanqueo de capitales, y otro es el producido del fondo de garantía, lo que producen los plazos fijos de esos fondos", dijo al referirse a la posible venta de acciones de empresas privadas en poder de la Anses.
Por otra parte, el ombudsman de la tercera edad reclamó un aumento para los abuelos.
"Hay cinco millones de jubilados cobrando la mínima, pero con $ 4.960 no se puede vivir. No alcanzaba el año pasado ni con el ajuste de marzo y hasta septiembre no hay previsto un aumento", subrayó.
Las acciones
La decisión de tomar las acciones de la Anses que cotizan en Bolsa ya no depende del Poder Ejecutivo, sino de un consenso en el Congreso de la Nación, que lo debe aprobar por ley.
Hasta que termine la organización de la venta es probable que suban muchas de las acciones del Fondo de Garantías de Seguridad (FGS), el cual asciende a US$ 60.000 millones.
En ese sentido, la City analiza cómo sería la operación en sí.
En principio, si la Anses planea vender las acciones, debe antes superar un escollo que es la derogación de una ley que aprobó el Congreso en octubre de 2015.
Sin embargo, los hombres de mercado coincidieron en que en primera instancia se trataría de una operación de venta pactada, sin pasar por el mercado secundario.
Pero, todavía hay más dudas que certezas. Se trataría de una operación que difícilmente pase por el mercado local, ya que quedará en manos de los grandes operadores.
La colocación se puede realizar con la lógica con que venden los bonos, es decir, todos los títulos van a los mayoristas organizadores.
Hay varios pasos que deben cumplir al momento de hacerse la venta. Uno es el tamaño del mercado, otro es que se apruebe la ley que anula la anterior, el tercero es quién va a vender, el cuarto si ese dinero seguro va a ser destinado a pagar juicios y, el quinto, si se va a vender afuera también.
Los postulantes a comprar serían casi los habituales grupos del exterior como el Goldman, JPM, Black Rock, Merryl y UBS. Luego estos grupos hacen una ingeniería financiera y así los activos argentinos que tiene la Anses inmovilizados cotizarán en el exterior.
La venta, seguramente, debe ser en paquetes.


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En la Anses coordinan y analizan los costos

Economistas del Gobierno afilan el lápiz y establecen prioridades de cobro. El titular de la Anses, Emilio Basabilvaso, apenas se tomó la decisión política presidencial de pagar las sentencias a los jubilados fue urgente a la Casa Rosada.
Basabilvaso se reunió con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, ultimando los detalles de la medida que, para el Gobierno, tiene que tener "un impacto positivo en la economía", según analizaron los economistas que programan el pago.
Al afinar el lápiz, esos mismos economistas en sus papeles borradores sostienen que los jubilados con sentencia firme de la Corte Suprema suman unos 50.000, según lo indicado en medios del sistema informático de la Anses.
La iniciativa apunta no solo a 50.000 sentencias firmes de la Corte, sino a quienes iniciaron juicio y a quienes están en condiciones de hacerlo, el conjunto sumaría un millón de beneficiarios.
Al definirse quiénes cobrarán primero, se consensuó que tendrán prioridad de cobro los casos de edad avanzada (entre 85 y 99 años), enfermedad terminal y situaciones extremas.

La industria del juicio contra Anses

Uno de los impactos que acusó fuerte la Anses en sus arcas ha sido la pérdida serial de los juicios que le hicieron miles de jubilados.
Esta suerte de industria del juicio contra el Estado ocurrió porque en los primeros años poscrisis el Gobierno, luego de la caída de la convertibilidad, solo aumentaba las mínimas.
Por este hecho miles de jubilados no tuvieron incrementos, lo que motivó el pedido de actualización del haber.

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