Como viene publicando este diario, en Santa victoria Este, departamento Rivadavia, se dirime el conflicto de tierras más importante del país. En 643.000 hectáreas de tierras fiscales, el Estado busca separar 400.000 hectáreas para unas 70 comunidades indígenas y 243.000 para más de 460 familias criollas que tienen sus puestos ganaderos desde hace generaciones. El principal problema es que todos están entreverados en la misma tierra y aunque el Gobierno de Salta entregó en 2012 esas tierras por decreto, todavía no consiguió determinar en donde se encuentran concretamente las 400.000 hectáreas aborígenes y las 243.000 criollas. Unas 120 familias criollas aceptaron relocalizarse con la promesa del Gobierno de conseguir nuevos puestos fuera del reclamo de los originarios. Pero en ocho años solo se levantaron cinco puestos y ninguno está habitable. Esto ocasionó conflictos entre algunos aborígenes que prendieron fuego alambrados de criollos y reclamaron más velocidad al Estado para desocupar las tierras que reclaman. Los criollos, por su parte, alegan que no pueden mudarse porque el Gobierno no cum plió.
Pero hay muchos criollos que acordaron con sus vecinos originarios su permanencia en los puestos que habitan. Estas comunidades aceptan convivir con las familias criollas, como lo hicieron hasta el día de hoy. Sin embargo esos arreglos todavía no fueron ratificados por el Gobierno, que parece haber enfocado más sus esfuerzos en convencer a los criollos de su relocalización, que en corroborar los acuerdos firmados entre los vecinos criollos y aborígenes que quieren convivir en paz en donde se encuentran. "La UEP (Unidad Ejecutora Provincial) se dedicó más a querer correr a los criollos que en avanzar en los acuerdos que ya existen hace años y que esperan una aprobación del Gobierno. Como resultado vemos que los criollos que aceptan relocalizarse no tienen a donde mudarse y que las comunidades que arreglaron con sus vecinos criollos tampoco vieron avances en sus acuerdos, como pasa en Misión La Paz con el cacique Víctor González", opinó consultado por este medio el diputado provincial Jesús Ramón Villa.
En Misión La Paz, a menos de 40 kilómetros de Santa Victoria, el viento norte tenía a todo el mundo dentro de las casas, hace unas semanas. En la casa de Víctor González, cacique chorote de la comunidad, una pared pintada anuncia que ahí vive alguien con ideas firmes: "No nos vendimos. Acá ganó la conciencia", advierte el grafiti. Víctor habla en su idioma con su mujer y esta vuelve con una jarra con agua. Hace calor a la hora de la siesta. Las radios locales hablan mucho de las diferencias entre criollos y aborígenes que florecieron con las quemas de alambrados. Víctor está en contra de esos actos y piensa que solo generan más violencia, pero algunos aborígenes de Santa Victoria no piensan lo mismo, como Gervasio Barbier, que pidió que para que no haya problemas el Gobierno acelere el traslado de criollos. "Uno se entera lo que está pasando y duele. Pienso que no teníamos que llegar a esto y que el Gobierno lo tendría que haber solucionado antes. Pero lamentablemente estamos cada vez peor; cada vez más lejos de una solución en vez de estar más cerca", le cuenta a El Tribuno el cacique que tiene acuerdos con sus vecinos criollos, pero que todavía, después de ocho años, no fueron ratificados por la UEP.
"El Gobierno se ocupó mucho por tratar de relocalizar criollos, pero no avanzó nada en los acuerdos ya firmados entre las comunidades y criollos que se quieren quedar como están. Pasa el tiempo y es cada vez peor. Acá respetamos la idea de buscar un arreglo entre vecinos criollos y aborígenes, pensando en vivir en paz y con tranquilidad. Nuestra postura siempre fue arreglar entre nosotros y que el Gobierno garantice nuestro acuerdo. Pero nos pasamos esperando que venga la UEP a validar los acuerdos que tenemos y por acá no aparecen. Parece que en realidad quieren romper los acuerdos que hicimos y correr a los criollos. Ya han roto otros acuerdos y quieren romper el que tenemos en Misión La Paz", expone el cacique que está en contra del título único que entregó el Gobierno por decreto a más de 70 comunidades de cuatro etnias diferentes. "Nosotros queremos nuestro título, para nuestra comunidad", reclamó.
"Yo sostengo el acuerdo con mis vecinos y me pregunto porqué la UEP quiere romper lo firmado. Pienso que en realidad quieren dilatar todo y que siga el conflicto, porque de lo contrario no se entiende. No hay seriedad. Ya pasamos muchas prórrogas y no pasa nada. Además vemos que la asociación Lahaka Honhat (la que inició la demanda internacional) inventa caciques nuevos para voltear los acuerdos y correr a los criollos. El acuerdo, si viene la UEP a dialogar, se puede mejorar para avanzar, pero parece que la UEP prefiere los enfrentamientos. Es lamentable porque ya se escuchan amenazas de los dos lados", razonó González.
"El responsable es el Gobierno por no defender los acuerdos. Lo de la relocalización es solo la propuesta de una de las partes, en este caso Lahaka Honhat. Pero ahora la tomó el Gobierno que busca obligar al criollo a mudarse en lugar de arreglar un acuerdo. Muchos no están en condiciones de relocalizarse y eso también hay que entenderlo. Lo que queremos es convivir como lo hicimos siempre. Pienso que la violencia no soluciona nada, sino que genera más violencia", definió el cacique chorote.
González no está solo. el cacique chorote de Misión nueva Esperanza, Humberto Chené, también defiende esa postura. Pablo Solís, cacique de La Puntana, también pide a la UEP que respalde el acuerdo que tienen entre vecinos en la zona.

¿Qué te pareció esta noticia?

Aparecen

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora