"Aquí son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece" disparó el intendente mientras bebía su segundo café.
La indignación se le disimulaba apenas con una mueca de seguridad: "No vamos a aceptar una simple y sospechosa modificación a la ley de municipalidades. Queremos que la nueva ley tenga definiciones claras en cuanto a los recursos para los municipios. Para eso venimos trabajando con el Ministerio de Gobierno desde hace varias semanas y ya habíamos avanzado en varios puntos, pero ahora resulta que aparecen señales de humo desde Diputados".
El jefe comunal, acostumbrado a transitar por los penumbrosos pasillos de la política, no buscaba sutilezas para demostrar su enfado, pero sí alguna razón que argumente el apuro desde la Cámara baja provincial para sancionar la nueva ley que al parecer no incluye aspectos fundamentales para el desarrollo de los municipios, según los intendentes.
Es que, increíblemente y por lo bajo, muchos de ellos aseguran desconocer cuales son los puntos principales que impulsan los diputados para modificar la ley de municipalidades que data del año 1933.
En Salta, las comunas con menos de diez mil habitantes o las que no tienen carta orgánica deben atenerse a la normativa impuesta por la ley 1.349, que entre sus artículos establece anacrónicos períodos de sesiones o menciona a los "delegados municipales" cuando actualmente la figura es la del intendente.
De acuerdo a lo que se informó desde la comisión de Asuntos Municipales, la nueva ley otorga herramientas a los concejos deliberantes y establece la ampliación del período ordinario de sesiones, le da autonomía económica y funcional con la posibilidad de autoconvocarse en sesiones extraordinarias, entre otros puntos.
"Hasta aquí, los intendentes somos adornos, simples convidados de piedra. Ahora la Cámara baja nos notificó para el jueves a las 10 de la mañana para darnos a conocer el dictamen de la nueva ley. Está todo cocinado y nunca se avanzó con uno de nuestros reclamos fundamentales: ¿de dónde van a salir los recursos? Queremos que se incluya una nueva coparticipación para cumplir con la nueva ley".
Resulta una obviedad señalar que el punto más crítico en las negociaciones que se vienen desarrollando al respecto entre legisladores, funcionarios e intendentes es la cuestión de monetaria, pero también aparece una arista política que los jefes comunales no pasaron por alto. "Así como la quieren aprobar, la nueva ley beneficia sólo a los concejales. Promueven que los ediles ganen el 70% del sueldo de los intendentes. No hay problema, pero quienes impulsan la modificación, que nos digan de dónde se obtendrán los recursos. Y de paso sería bueno que los intendentes también ganemos el 70% de los ingresos de los diputados, pero con lo que cobran también en negro" sentenció el jefe comunal.
Los intendentes sospechan de las buenas intenciones y el apuro de Diputados, ya que ampliar facultades deliberantes y organismos en las comunas, sin establecer con qué recursos se afrontarán esos cambios, deja en evidencia que la intención es colocarles un bozal económico de cara a las próximas elecciones, pero advierten que los chispazos llegarán a los niveles superiores.
"El ministerio de Gobierno conoce muy bien nuestra postura y el malestar por la distribución de los créditos y el reparto coparticipable. Estábamos negociando con serenidad los términos de una nueva coparticipación para incluirla en esta nueva ley y ahora no entendemos el apuro de la Cámara para dar a conocer el dictamen. El indio que manda estas señales de humo conoce muy bien este tipo de comunicación. Viene de varias frustraciones electorales en Capital y empieza a perder espacio. No me extrañaría que busque recuperarlos presionando a los intendentes" aseguró.
Visto de esta manera, se anticipa para la semana que comienza un nuevo intercambio de artillería entre los bastiones de las calles Mitre al 500 y Leguizamón al 2000.

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