En un contexto nacional e internacional cada vez más complejo para quienes pretenden continuar ocultándole al fisco sus bienes, el Congreso sancionó la ley 27.260 sobre Régimen de Sinceramiento Fiscal, denominada "ley de blanqueo", que tiene como finalidad, permitir a los contribuyentes sincerar su situación fiscal a un bajísimo costo económico, y sin sanciones administrativas y penales.
Sin duda que el escenario actual difiere sustancialmente del que existió durante la vigencia de otros regímenes similares, pues como consecuencia de la tecnología, el entrecruzamiento de datos entre los distintos organismos (AFIP, BCRA, UIF, etc.), y principalmente la entrada en vigencia, a partir de 2017, del Régimen Automático de Intercambio de Información Financiera entre países suscriptores del Acuerdo Multilateral firmado ya por 101 países, resultará extremadamente difícil poder esquivar los tentáculos del Estado nacional destinados al hallazgo de bienes no declarados.
Esta vez la amenaza: "esta es la última oportunidad", pareciera estar fundamentada.
A través de la nueva ley, se pretende permitir a las personas (físicas, jurídicas y sucesiones indivisas), con bienes no declarados, y que por tal motivo, de ser detectados sufrirían altísimas penas privativas de libertad y económicas, se sinceren y declaren todo lo que poseen, a cambio del pago de un impuesto especial que oscila entre el 0 y el 10 por ciento (de acuerdo al destino que se le asigne, o la opción que se adopte).
La ley no obliga ingresar los bienes o dinero depositado en el exterior.
Ahora bien, lógicamente, cuando uno decide exteriorizar cifras importantes de bienes no declarados, no puede evitar sufrir cierta dosis de intranquilidad sobre las posibles o eventuales consecuencias penales; sea por miedo a ser denunciado penalmente por algún delito tributario o de lavado de dinero, o, en algunos casos, a ser perseguido, con posterioridad, por el simple antecedente de haber reconocido el ocultamiento al Fisco.
Sin embargo, es necesario señalar inicialmente, que el espíritu de la ley es evitar cualquier tipo de consecuencia penal a todo aquél que blanquee bienes provenientes de la evasión de impuestos; y en ese orden, los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional, e ingresen el impuesto especial, aparte de los beneficios impositivos por todos los años no declarados, quedan liberados de toda acción penal tributaria, penal cambiaria y aduanera que pudiera corresponderle por cualquier incumplimiento de las obligaciones vinculadas, o que tuvieren origen, en los bienes y tenencias que declaren, así como también en las rentas que estos hubieren generado.
Esto significa, que respecto de los eventuales ilícitos que se hubieran cometido con anterioridad, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estarán imposibilitados de presentar una denuncia penal; es decir, cualquier denuncia penal o apertura de un sumario por los presuntos incumplimientos vinculados a las obligaciones declaradas sería nula.
Más aún, respecto a las denuncias presentadas con anterioridad a la promulgación de la ley, referidas a incumplimientos originados en el dinero o bienes que se blanquea, se prevé la extinción de la acción penal por Amnistía y por ende, entendemos, correspondería el sobreseimiento de las personas denunciadas.

A todo o nada

Estamos ante un blanqueo, que a nuestro modo de ver, se presenta como "a todo o nada" queriendo significar con ello que cualquier descubrimiento posterior de bienes preexistentes no declarados ni blanqueados, anula totalmente todos los beneficios del blanqueo y por ende renacen todas las consecuencias penales que derivan de su hallazgo.
Respecto al delito de lavado de dinero, es importante señalar que los sujetos obligados no fueron liberados de las obligaciones que les impone la ley; es decir, bancos, escribanos, algunos Organismos Públicos, personas que exploten juegos de azar, etc, continúan con sus obligaciones de reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones inusuales o sospechosas; entendidas estas como aquellas de las que surjan incoherencias o inconsistencias entre el perfil del cliente y la actividad subyacente generadora de los fondos; o la negativa o reticencia para aportar la información solicitada.
Es importante poner el foco en que lo que pretende la ley, es evitar que ingresen al blanqueo sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas, de conductas susceptibles de ser encuadradas en el art. 6º de la Ley Nº 25.246 (terrorismo, narcotráfico, corrupción, trata, prostitución infantil, etc); pero no de los delitos tributarios.
Todo ello en lo que se refiere al dinero y su origen. Ahora bien, en lo referente a las personas, la ley excluye a algunas por su condición de funcionario público y a otras por su situación personal:
1) Con absoluto criterio, pues como sostuvimos está excluido el dinero originado en la corrupción, queden afuera del Régimen, todos los que ejercieron la función pública con algún grado de jerarquía (art. 82).
2) Del mismo modo, aquellas personas que fueron condenadas por algún delito tributario -con sentencia firme y no cumplida-, así como también aquellos que fueron procesados por lavado de dinero.
Los imputados -no procesados- por lavado de dinero, pueden ingresar en forma condicional; es decir, si en un futuro llegaran a ser procesados, pierden todos los derechos que otorga la ley; e incluso corren el riesgo de ser imputado por un nuevo delito tributario por el reconocimiento o sinceramiento fiscal realizado.
A modo de conclusión: el objetivo y finalidad de la ley es permitir a los contribuyentes el sinceramiento de su situación fiscal, sin riesgo de ser sancionado, multado, y menos aún perseguido penalmente.
Claro está, salvo aquel dinero o bien que provengan de cualquiera de los delitos precedentes del lavado de dinero que se encuentran enumerados en el artículo 6º de la ley 25.246 a excepción de los tributarios.
Dicho ello, en cualquier análisis, no es posible dejar de sopesar las eventuales consecuencias penales que devienen del mantenimiento oculto de los bienes, cuentas o dinero. Y en ese orden, más allá de las contingencias económicas por impuestos, intereses y multas; es importante saber que quien mantiene sus bienes sin declarar, en el caso de ser detectado, se expone, como mínimo, al reclamo por incremento patrimonial no justificado, y si el mismo supera los 400.000 pesos a ser víctima de una causa penal por un delito de entre dos y 9 años de prisión, de acuerdo al monto detectado.

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