La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó ayer la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere "juzgar" su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones.
"Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto puede juzgar", dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins.
Esta es la primera vez que la presidenta Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución brasileña en el caso de destitución o renuncia de un mandatario.
Rousseff reiteró que el proceso de destitución esconde un "golpe" de Estado, porque "no tiene base legal" y porque ella "ni siquiera" participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.
El miércoles que viene el Congreso brasileño decidirá sobre el futuro de Dilma Rousseff
La denuncia se basa en unas maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños.
Asimismo, la mandataria acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para "acabar" o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno.
Aseguró que el eventual gobierno del actual vicepresidente, Michel Temer, que sustituiría a Rousseff si es apartada del cargo, quitará a 36 millones de personas el Bolsa Familia, principal programa de subsidios a los pobres, de los 46 millones que actualmente lo reciben.
"El gasto del Bolsa Familia es menor al 1 por ciento del PIB. Quieren hacer ahorro con el dinero de los más pobres", acusó Rousseff.
Temer, que está trabajando en los preparativos de montaje de su eventual gobierno, ha negado varias veces que se proponga eliminar los programas sociales.

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