Los casos de Milagro Sala y de Sergio Schoklender -este último al amparo de Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo- parecen calcados. Ambos encarnan una metodología oficial, diseñada para legitimar el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo social. Los conceptos de inclusión y ampliación de derechos se convirtieron así en una mera pantalla de la corrupción.
Ambos fueron protagonistas de planes habitacionales planteados, financiados y ejecutados al margen de la normativa legal. Se presentó a tales proyectos como "modelos de inclusión" y fueron tema de intenso marketing político cargado de ideología. Frente a un problema dramático como es el de la vivienda, el gobierno anterior abandonó los sistemas de desarrollo habitacional clásico, que aquilata aún hoy ventajas considerables, y los reemplazó por otros, caracterizados por la discrecionalidad y el oportunismo.
La supuesta redención de los antecedentes criminales de Schoklender y la trágica biografía de marginalidad, abandono y violencia atribuida a Milagro Sala fueron aprovechadas para encubrir un sistema de manejo de enormes sumas de dineros públicos gastadas sin contabilidad ni rendición de cuentas.
Ambas aventuras terminaron en escándalos.
Hoy Milagro Sala se encuentra detenida en la cárcel de Mujeres de Jujuy, acusada de "defraudación contra la administración pública" y "asociación ilícita". Su organización Tupac Amaru manejó durante años hasta cinco millones de dólares mensuales que eran enviados a trece cooperativas controladas por Sala, que, según los testimonios recibidos por la Justicia, se veían obligadas a endosar los cheques a favor de la dirigente y recibían en efectivo solo una parte.
Esta operatoria contó con la anuencia y la aparente complicidad del gobierno de Eduardo Fellner, quien es aún el presidente del Partido Justicialista.
Sala intentó asegurarse fueros y logró que el Frente para la Victoria la ubicara en quinto lugar en la lista nacional de parlamentarios del Mercosur. Sin embargo, fue detenida antes de asumir y, por las características de la acusación que pesa sobre ella, no contará con inmunidad.
La violencia, el despotismo y la corrupción encarnados en Tupac Amaru convirtieron a Milagro Sala en la cara visible de la derrota del justicialismo en las elecciones gubernamentales jujeñas.
Muy lejos de la imagen de emergente social con que pretenden investirla grupos políticos cercanos a ella, Sala será investigada no solo por la manipulación ilegal de los dineros del Estado y por su rol determinante en un sistema paraestatal y corrupto, sino también por la violencia de las patotas armadas que conforman la guardia pretoriana de Tupac Amaru y que aparecen involucradas en al menos tres muertes: las del dirigente social Lucas Arias, asesinado a golpes, la del militante radical de 20 años Ariel Velázquez y la del dirigente colla Luis Darío Condorí, quien se opuso a una usurpación de tierras en Humahuaca por parte de bandas vinculadas a Tupac Amaru, en 2012.
Un dirigente gremial que cobró notoriedad nacional en los años 90, luego desplazado violentamente por Sala, Carlos "Perro" Santillán, la acusa además de participar activamente en el narcotráfico.
Al amparo de íconos revolucionarios, como Ernesto Guevara o Eva Perón, la Tupac Amaru es la expresión más clara de políticas mezquinas, clientelares y violentas que no han resuelto ninguno de los graves problemas sociales del norte argentino, tales como la exclusión, la falta de vivienda, la desnutrición y el desempleo. Por lo contrario, la ciudadanía asocia a esa organización con la prepotencia y la corrupción.
Los bienes y los negocios de Milagro Sala son indicios claros de poder e impunidad. Al construir una organización paralela al Estado, financiada con recursos públicos pero sin rendición de cuentas, su conducta compromete directamente al gobierno de Eduardo Fellner, dos de cuyos funcionarios fueron detenidos el viernes, y al Instituto de Vivienda de Jujuy, por lo menos, en la virtual desaparición de más de 30 millones de pesos.
Además de la corrupción y las patotas, la Tupac Amaru es otra muestra más de un Estado ineficiente e incapaz de desarrollar políticas a largo plazo para garantizar la calidad de vida y la libertad de los sectores menos favorecidos.

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