Pese a que solo beneficia al 26 por ciento de los usuarios, el fallo de la Corte Suprema tiene un enorme impacto en la agenda política nacional. Por un lado, confirma lo que venían admitiendo hasta los propios funcionarios macristas: el Gobierno aplicó el tarifazo con un altísimo grado de improvisación y una alarmante ausencia de sentido común. Y, por el otro, deja el camino allanado para que Mauricio Macri resuelva más rápido que tarde el fondo de la cuestión con audiencias públicas, pagando por eso un altísimo costo político que pudo haberse evitado. La decisión del máximo tribunal de frenar parte del incremento actúa en estos momentos como un fuerte alivio para el bolsillo de los usuarios residenciales, que vienen siendo vapuleados en su poder adquisitivo por el avance de la inflación en los últimos meses. Pese a eso, el fallo confirma los aumentos para el comercio y la industria, lo que casi con seguridad tendrá otra vez consecuencias en los precios, que volverán a ser remarcados por los empresarios y abonados por toda la sociedad. En los pormenores de la sentencia, los jueces dejaron bien en claro una cosa: se trata de un fallo salomónico que elimina los criterios absolutos y que le da un poco de aire a cada una de las partes. A favor del Gobierno, le dio vía libre al grueso de los aumentos, que representan el 70 por ciento del total. A favor de los consumidores de menos recursos, ratificó la vigencia de la tarifa social, que estaba ayudando a contener desbordes sociales.
El fallo ratifica las subas para el comercio y la industria, lo que impactará en los precios de los productos. La Corte le puso límites al Ejecutivo para que no aumente la tarifa en soledad. Se trata de un fallo salomónico que elimina por completo los criterios absolutos.
Y a favor de la clase media, puso en un impasse los desproporcionados porcentajes de incremento que estaban llegando a los hogares. Esto no es una sorpresa, ya que esta Corte conducida por Ricardo Lorenzetti, un juez con una gran cintura política, suele actuar de este modo prácticamente en todas sus intervenciones. Una de cal y una de arena. El presidente Mauricio Macri cometió un error infantil pero de gran tamaño en este trascendental debate: pese a pregonar el diálogo como política fundacional de su gestión, no convocó a audiencias públicas para escuchar los argumentos de los consumidores. Macri quiso evitar un eventual festival de críticas públicas hacia su persona no realizando las audiencias, pero la decisión se transformó en un bumerán: le dio a la Corte el argumento perfecto para tirar por la borda momentáneamente lo que hubiera logrado si actuaba en el marco de la ley. Los jueces no declararon nulos los aumentos en las tarifas de los hogares, ya que hasta la oposición reconoce que deben ser ajustadas para incentivar la llegada de inversiones. Lo que hizo el máximo tribunal es ponerle límites al Poder Ejecutivo para que no lo haga en soledad, como lo hizo hasta ahora. Rápido de reflejos, el Gobierno informó que convocará a audiencias públicas para debatir el tema. Siempre es mejor tarde que nunca, pero tras esta novela judicial, las audiencias ganarán en repercusión mediática, lo que no es una buena noticia para el Gobierno.

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Ernesto Ordoñez
Ernesto Ordoñez · Hace 3 meses

¿Salomonico? Ya vas a ver cuando no quede una pyme, cuando el turismo interno deje de existir. Ya lo vivimos en los ´90, cuando no venia ni el gato a hacer turismo al NOA.

Roberto Carlos
Roberto Carlos · Hace 3 meses

SI NO RENUNCIA ARANGUREN, DEBERÍA RENUNCIAR EL MISMO MACRI PORQUE EL COSTO POLÍTICO SERÁ ALTÍSIMO DE CARA A 2017 Y 2019. EL PUEBLO ARGENTINO NO OLVIDARÁ TAMAÑA ABERRACIÓN.

Ernesto Ordoñez
Ernesto Ordoñez · Hace 3 meses

Adhiero 100%. Con esos, es una pena que no se use mas aquello de pasearlos embreados y emplumados por la plaza.


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