El funcionario público, especialmente el elegido por el voto popular, es dotado de poder y a su vez asume un deber, dicho ello en función de los dictados de la Constitución y las leyes.
El ejercicio de poder debe, ante todo, ser racional y no exceder los límites de la ley. Un claro y mas reciente ejemplo de lo que no debe hacerse es que por decreto provincial N§ 1.804 del 10/11/2016 se prorroga la vigencia de las leyes Nº 7.125 y 6.583, conocidas como de "Emergencia económica y administrativa" y de sus sucesivas prórrogas.
El alcance del poder solo debe surgir de los límites legales y no de los limites que a veces imaginariamente quieren tomar los funcionarios. En tal decreto, sostiene el Ejecutivo provincial, "aún resulta necesaria la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados". Traducido sería, "a pesar de más de 8 años de gobierno, seguimos en constante urgencia y necesitamos continuar en emergencia en pos de objetivos trazados...".
En gran parte de los casos, los funcionarios ponen más atención en el ejercicio del poder que en el cumplimiento del deber. Luego llama la atención la afirmación de nuestro gobernador: "Debe sostenerse el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta del régimen de emergencia económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la administración".
Es decir, la Provincia se encuentra en una situación crítica, y que por tal motivo es necesario continuar bajo un régimen de crisis para no caer en ­otra crisis!.
Prorrogar dicha ley y dictar el presente decreto no es más que una acabada muestra de nuestra agónica realidad. Elegir apartarse del normal régimen ordenado por nuestra Constitución en pos de un artículo previsto solo en casos de necesidad y urgencia jamás puede sostenerse por tantos años (desde 1990).
Mantener el mismo comportamiento y esperar resultados distintos es de necios. Apartarse de la Constitución e imponerse por sobre las instituciones es un delito. Hay casos en que el funcionario se ve tentado a usar el poder que le fue otorgado en beneficio propio, de su familia y amigos, con alguna finalidad de enriquecimiento personal, todo ello violando la ley. Es lo que se ha dado en llamar corrupción.
Nuestro gobernador sostiene que existen razones suficientes que aconsejan la utilización de los mecanismos previstos en el artículo 145 de la Constitución Provincial, pero no expresa ninguna en concreto. Suponemos porque comprende a la perfección que los restantes poderes nada le cuestionarán ni reclamarán al respecto. En cuanto al deber, sobre todo en el caso del Poder Ejecutivo, se debe dirigir al servicio del ciudadano y a una administración eficiente y eficaz. La legislación de emergencia solo nos ha llevado a hundir nuestra Provincia en más emergencia. El administrador de la cosa pública debe actuar como un buen administrador de la cosa ajena, o un buen padre de familia. Es decir, extremando las precauciones para no ocasionar perjuicio a los titulares de los bienes y cosas administradas. Considero que el Poder Ejecutivo no está actuando correctamente debido a desajustes y prácticas no aconsejadas en la administración. Nuestros actuales representantes, amparados en la emergencia por ellos creada, nos obligan a soportar tal destino cuya meta final conocemos hoy y que solo es la pobreza, desnutrición, desigualdad e inseguridad. Los padres de la patria seguros estaban en que el respeto a la ley y el resguardo en las instituciones era el único camino hacia la prosperidad en libertad y paz.

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Sección Editorial

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Álvaro Figueroa
Álvaro Figueroa · Hace 11 días

Un comentario EXCELENTE.


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