La Auditoria de General de la Provincia debe estar integrada por al menos dos miembros propuestos por la oposición; sin embargo, hasta diciembre los cinco auditores eran representantes de las distintas bancadas que componen el frente gobernante, que también se refleja en la composición del oficialismo parlamentario.
Ese mes cayeron los acuerdos de tres de los auditores. Al comenzar la actividad legislativa se registró una evolución favorable cuando el oficialismo solicitó al bloque Salta nos Une la nominación de un auditor.
Fue interpretado como un signo explícito de voluntad política por producir un fortalecimiento institucional.
El elegido fue el abogado y ex juez de la Corte de Salta, Gustavo Ferraris, aunque tras la presentación oficial surgieron objeciones en el seno de esa bancada opositora.
De todos modos, la propuesta oficial ya está en la Cámara Alta, que ahora deberá pronunciarse.
Al respecto, el presidente del bloque Salta nos Une, Alejandro San Millán, adelantó que "nosotros respetaremos la decisión que adopte el Senado de la Provincia porque es un órgano independiente y soberano. El tiempo de opinar de los diputados ha pasado y cada uno se expresó", dijo el legislador. "Ahora le corresponde al Senado".
San Millán consideró que "la designación de un auditor de la oposición es un avance importante, atento a que en la actual composición no había ni un solo auditor designado por la oposición", y puntualizó que "debe darse cumplimiento a la reglamentación vigente, que establece que a la oposición le corresponden dos miembros". El presidente de la bancada Salta nos Une adelantó que "desde nuestro espacio le solicitaremos al Gobierno de la Provincia que se cumpla con ese precepto". Sin embargo, señaló que "no puedo opinar sobre decisiones de otros cuerpos, no solo porque no me corresponde sino porque como diputado provincial no me compete opinar tampoco sobre el accionar del Consejo Deliberante de la capital, que tiene solo competencia municipal y tiene su propia Auditoría de jurisdicción acotada, exclusivamente, a la capital salteña".

Insólito planteo de los concejales

OPINION: FRANCISCO SOTELO
El miércoles, el Concejo Deliberante de Salta capital aportó una sorpresa al tema de la Auditoría, al opinar sobre la propuesta de un auditor de Salta nos Une, pero no celebrando el pluralismo sino interfiriendo en la actividad de la Legislatura provincial. En una sesión anodina, donde los graves problemas urbanísticos que aquejan a Salta capital estuvieron ausentes, un concejal del PRO, Alberto Castillo, acompañado por algunos de sus pares de diversas extracciones, presentó un proyecto de declaración para solicitar al Senado la devolución a la Cámara Baja del pliego de Gustavo Fe rraris.
El Concejo es un organismo municipal y por lo tanto el proyecto de declaración es jurisdiccionalmente improcedente. No obstante, aunque debió haber sido rechazado por ese motivo, fue aprobado por el cuerpo.
Sin embargo, los concejales recalcan que "la Constitución de la Provincia de Salta, en su art. 169, expresa claramente el derecho de la minoría de contar con representación en la Auditoria General de la Provincia; por su parte, la ley 7103 de la Provincia de Salta sostiene que de cada cinco auditores dos de ellos deben representar a la oposición".

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