Con la asunción del nuevo Gobierno de la Nación las condiciones políticas para el desenvolvimiento de los asuntos económicos y sociales cambiarán radicalmente.
Los salteños, incluido el señor Urtubey, tenemos una enorme oportunidad para torcer el sendero de lenta decadencia que venimos recorriendo con resignación y, consecuentemente, para iniciar la construcción de un destino mejor.
Un destino donde el acceso al bienestar no dependa de los subsidios que instalan a los pobres en la pobreza generacional y definitiva sometiéndoles al indigno vasallaje del clientelismo, ni tampoco dependa de la cercanía al poder de turno que discierne premios y castigo sin sujeción a la ley ni al mérito.
Podemos, entonces, iniciar un camino que nos lleve pronto a una democracia constitucional, superando este brumoso tiempo de concentración del poder y de devaneos monárquicos.
Deberíamos comenzar por convencernos de que este destino depende, fundamentalmente, de nuestras propias capacidades.
De nuestra voluntad de pensar el futuro y de articular un proyecto de provincia en condiciones de insertar a Salta en el mundo y de convertirla en un interlocutor necesario en las mesas en donde se deciden las grandes políticas.
Dicho en otras palabras: Se trata de abandonar la idea de subordinar los intereses colectivos de Salta a los ensueños del que gobierna.
Y, también, de abandonar aquel fatalismo que el mestizaje no pudo desarticular, como bien lo relata Carmen Rosa San Miguel.
De reemplazar la idea de que Salta es una "provincia inviable", por la convicción de que, si nos lo proponemos y somos capaces de crear las condiciones para la vigencia del federalismo constitucional, podremos ingresar en una nueva historia donde la cohesión (social y territorial), la dignidad, las libertades y el bienestar general sean una realidad cercana.

Desechemos la consigna "más de lo mismo"
Tendremos, ciertamente, que superar la tentación de sentarnos a esperar que las políticas nacionales "derramen" sus beneficios sobre todas las clases sociales.
Y descartar aquella tentación de que sean los precios internacionales los que vengan a salvar a los propietarios productores de alimentos.
Y aquí, a mi juicio, radica uno de los ejes de las decisiones colectivas que tendremos que tomar.
En nuestro inmediato pasado, muchos salteños y no salteños disfrutaron de los óptimos términos de intercambio internacional.
Pero estos beneficios -ciertamente legítimos- no alcanzaron, ni de lejos, para derrotar la pobreza ni para construir la infraestructura rural y urbana imprescindible para ingresar en los nuevos tiempos.
Es harto probable que sean muchos los que apuesten todo a la carta de la devaluación del peso para reconstruir bien que temporariamente las condiciones del quinquenio 2003/2008.
Permítanme discrepar con esta estrategia ilusoria.
Nuestro desafío no es facilitar a unos pocos el acceso a riquezas más o menos exuberantes (a veces a costa de destruir nuestro ambiente o de dilapidar recursos naturales que son de todos).
Nuestro desafío es construir una sociedad más justa en donde todos puedan acceder al trabajo digno, a los servicios esenciales, al progreso y al bienestar.
La construcción de esta nueva sociedad salteña, pujante e integrada al mundo, reclama la conjunción de tres factores que, a su vez, dependen de decisiones de alta política.
En primer lugar, crear las condiciones para que nuestros motores productivos (agricultura, ganadería, minería, hidrocarburos, turismo y alimentos) funcionen con el máximo provecho y las imprescindibles dosis de productividad.
En segundo lugar, potenciar la Salta agroindustrial en condiciones de agregar valor y empleos a nuestra producción primaria.
Es bueno recordar que hasta finales del siglo XIX nuestra provincia tuvo una razonable actividad agroindustrial (J. A. Ramos, A. Dorffman). La decadencia de Salta y la primarización de su economía fueron el resultado del centralismo que imperó con las complicidades de los dirigentes locales.
Estamos, a mi entender, ante la oportunidad de refundar la Salta agroindustrial y de servicios, apelando a similares herramientas (debidamente actualizadas) que aquellas que sirvieron para industrializar Buenos Aires o Córdoba o para sacar a Cuyo y la Patagonia de circuitos de atraso.
La refundación de la Salta agroindustrial y de servicios requiere de reformas que sancionen reglas apropiadas de fomento, y de una fuerte inversión nacional en el amplio campo de las infraestructuras colectivas. Coparticipación de impuestos y en el gasto público nacional, desgravaciones, facilidades para exportar e importar.
Y, por supuesto, inversión en trenes, autopistas, diques y obras de riego. Aprovechar el Bermejo y salir al Pacífico por ferrocarril son dos prioridades.
El tercer factor es, en realidad, la clave de bóveda que sostiene el nuevo edificio: construir una democracia constitucional y un Estado de Bienestar en condiciones de rescatar rápidamente a los miles y miles de personas y familias que fueron quedando en este camino sembrado de acechanzas; comenzando por aquellos que son víctima de las adicciones, de la violencia y del decadente sistema educativo.

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