Organizaciones de derechos humanos de Salta pedirán a la Fiscalía Federal que un equipo de buceo especializado en aguas profundas realice la inspección subacuática en el dique Cabra Corral, para determinar la presencia de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Efectuarán ese planteo por considerar que la Policía de Salta no cuenta con el personal necesario para esta tarea, que requiere -opinan-

de un alto nivel de capacitación para lograr el resultado que se busca.

Tania Kiriaco, abogada de la Asociación “Lucrecia Barquet”, planteó la necesidad de que el rastrillaje en el embalse esté a cargo de un equipo neutral sin vinculaciones con la Policía, debido a que exmiembros de la fuerza de seguridad local están sospechados, imputados y condenados por su participación en el secuestro y desaparición de personas en aquellos años aciagos de la dictadura militar que asoló en el país entre la década del 70 y parte del 80.

En este caso, la abogada puso como ejemplo las condenas a perpetua dictadas a Miguel Gentil y Joaquín Guil por el magnicidio del exgobernador Miguel Ragone. Debido a que ambos estaban al frente de la institución, en el juicio realizado el año pasado, la Justicia federal los consideró “autores mediatos” del crimen, junto al exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall.

“Habría que solicitar la colaboración del Ministerio de Defensa de la Nación para que envíe un equipo especializado en la materia”, dijo Kiriaco. Y agregó que “el Gobierno nacional es el principal interesado en que estos delitos se esclarezcan y desde ese punto de vista no habrá inconvenientes para que dé una respuesta concreta al requerimiento de la Justicia”.

A su juicio, “la inspección prevista tiene que realizarse con un alto nivel de efectividad ante la magnitud de la investigación que apunta a determinar si a ese dique fueron arrojadas muchas de las víctimas de la represión, como se sospecha”.

La letrada le atribuyó importancia a los testimonios brindados a la prensa por un comisario retirado de la Policía y por un pescador. El fiscal interino, Ricardo Toranzos, solicitó días pasados la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Provincia para efectuar la inspección subacuática en la zona del murallón, donde se sospecha fueron fondeadas muchas víctimas del terrorismo de Estado.

Se calcula que en ese lugar hay 90 metros de profundidad, por lo que se requiere de un equipo especializado para la tarea, que consistirá en verificar se existen resto óseos de personas. Las actuaciones quedaron a partir del lunes pasado en manos del fiscal Eduardo Villalba, quien deberá resolver los pasos a seguir

Kiriaco anunció que las organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en esta nueva instancia de las causas por delitos de lesa humanidad que se ventilan en la justicia salteña.

“Los familiares de los desaparecidos son los más interesados en que esta investigación se lleve adelante”, señaló la abogada. Por ese motivo insistió en que el rastrillaje en las profundidades del dique Cabra Corral, ubicado en la localidad de Coronel Moldes, lo realice un equipo de expertos.