La ola de oposición a la minería desencadenada en la Argentina no es ingenua, porque responde a intereses políticos; es dañina para el país, porque cercena, una vez más, las posibilidades de desarrollo nacional, y es injustificada, ya que los cuestionamientos a esta actividad no tienen fundamentos verificables.

La movilización para que la empresa canadiense Osisko Mining Corporation no explore la presencia de oro en Famatina nada tiene de democrático y, mucho menos, de una genuina defensa del interés nacional.

Es nefasto para un país que las grandes decisiones en materia de inversiones y desarrollo queden a merced de las ocurrencias de gente sin conocimiento técnico. La protesta contra la minería en Famatina fue alentada por músicos como León Gieco o Raly Barrionuevo, es decir, personas cuyo prestigio no pasa por sus conocimientos del subsuelo ni sobre los ecosistemas, sino por la capacidad para expresar sentimientos.

Cabe destacar al respecto la concurrencia de activistas de Gualeguaychú, cuyas asambleas alteraron las relaciones entre Argentina y Uruguay para oponerse a una pastera que, como lo demuestran los exámenes efectuados por ambos países, no contamina ni puede contaminar las aguas comunes del río Uruguay. La mala experiencia de Gualeguaychú debería servir de enseñanza, pero los argentinos parecemos empeñados en chocar infinitamente contra la misma piedra que nos condena al subdesarrollo.

Las fábulas son malas consejeras.

Nadie ha podido reportar daños producidos por la minería a cielo abierto en ningún lugar del mundo, salvo algún accidente.

Es llamativo que Martín Prieto, el presidente de Greenpeace, o el cineasta Fernando “Pino” Solanas no hayan brindado precisiones sobre los efectos reales de la extracción de oro a cielo abierto y con uso de cianuro y que, al mismo tiempo, guarden un silencio atronador sobre las catástrofes causadas por la minería tradicional, en el subsuelo, con derrumbes con final trágico.

La minería, como toda actividad humana, tiene sus riesgos. Pero sin la minería, la sociedad moderna no podría existir. Los detractores deberían ser honestos y, en este caso, renunciar al uso de celulares, automóviles, computadoras y a todo lo que suponga una modificación de la naturaleza. La llamada “megaminería” es una de las actividades más seguras y solo pueden llevarla adelante las grandes corporaciones debido a la inversión y los plazos de financiamiento que requiere.

Mentir en esta materia es hacer ecoterrorismo.

El cianuro es usado desde hace décadas en esta y en muchas otras producciones industriales y existe un sistema preventivo que garantiza el control de cualquier escape.

La minería no depreda recursos, sino que deja en el país el 70 por ciento de lo que factura, en impuestos, sueldos y pago a proveedores.

Es falso que utilice el agua supuestamente escasa de las montañas, ya que su consumo es incomparablemente inferior al que se registra en los olivares de las zonas cercanas al área minera.

Si bien fue desafortunada la expresión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, cuando comparó a los ambientalistas con los nazis, es cierto que las campañas contra el desarrollo minero, lo mismo que el forestal y el agroganadero son nefastas para las provincias. Sentados en coquetos bares, muchas veces construidos sobre tierras ganadas al río, y a la vera de las aguas más contaminadas del mundo, como son las que rodean a las grandes ciudades, los ambientalistas urbanos llevan adelante luchas nefastas sobre cuestiones que no conocen y cercenan sistemáticamente las posibilidades económicas de las provincias.

El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció el propósito de someter la decisión acerca de la mina cuestionada a un plebiscito. Lo más probable es que la ciudadanía riojana apruebe el proyecto de Osisko.

Sin embargo, con conductas antiproductivas como las que se han exhibido en las últimas semanas, el destino del desarrollo y del país federal se encuentra seriamente comprometido.