Con una dura nota dirigida al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) rechazó ayer la modalidad de pago con bonos de la abultada deuda que Cammesa, la compañía administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mantiene con el sector por las transacciones impagas de diciembre de 2023, enero y febrero de este año.
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Con una dura nota dirigida al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) rechazó ayer la modalidad de pago con bonos de la abultada deuda que Cammesa, la compañía administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mantiene con el sector por las transacciones impagas de diciembre de 2023, enero y febrero de este año.
Para achicar la deuda con las empresas de generación eléctrica, entre las que se encuentran AES (grupo que entre sus activos cuenta en Salta con las centrales TermoAndes, de Cabra Corral y El Tunal) y Pampa Energía (centrales térmicas de Güemes y de Piquirenda) el gobierno nacional abriría la próxima semana una emisión de bonos AE38 por alrededor de $600.000 millones. Ese, según señalaron fuentes del sector energético, sería el monto aproximado del rojo que el Estado mantiene con las generadoras del sistema de interconexión argentino por los incumplimientos de pago de Cammesa de diciembre y enero.
A través de la resolución 58/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei oficializó la propuesta que el propio Caputo había anticipado días atrás. La misma consiste en una quita del 50% mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), con vencimiento a 14 años (2038), para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero. Condicionado a la aceptación de este ofrecimiento, el pago de febrero sería en efectivo.
En la nota que ingresó ayer al despacho de Caputo con la firma de su presidente, Gabriel Baldasarre, Ageera manifestó que la forma de pago resuelta por el gobierno resultaría en "una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada".
Agregó que los términos establecidos en la resolución 54/24, además, impactarían en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales. "Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses", agregó Ageera, tras recalcar que la medida afectaría en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación "incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados". Ageera subrayó que la decisión del gobierno constituye "una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos, lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado". Y agregó: "Compromete la responsabilidad de Cammesa y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad", como así también "la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento".
Economía tiene $550.000 millones para pagar febrero, pero liberará los fondos una vez que las empresas acepten la suscripción de acuerdos individuales para cobrar diciembre y enero en bonos AE38.
Las generadoras también se advirtieron que una modificación unilateral de los contratos y demás derechos adquiridos "repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país. De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica", afirmaron.
En este contexto, Ageera hizo notar que "los agentes generadores se encuentran en una situación crítica y el cuadro de situación se puede agravar si la deuda se extiende con las obligaciones de marzo de este año. La Asociación empresaria planteó que, adicionalmente, "resulta de suma gravedad el hecho de que Cammesa, contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional, no efectuó los pagos correspondientes".
En relación al escenario de incumplimiento de los pagos, desde el sector se manifestó que muchos de los agentes de la generación eléctrica del país "han debido reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales, siendo objeto de medidas de fuerza. También enfrentan dificultadas para afrontar los sueldos y hasta se han visto forzados a poner en riesgo el pago de los salarios, encontrándose en muchos casos al límite de sus capacidades financieras. Esta situación afecta el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)", advirtió Ageera en la nota dirigida al titular de la cartera económica de la Nación.
Petroleras
El gobierno nacional también incluyó en la propuesta de pago de montos adeudados con bonos de la serie AE38 a compañías petroleras, sector en el cual compañías como YPF (estatal asociada en la refinería de Campo Durán), Pan American Energy (que opera en el municipio de Aguaray el bloque gasífero de Acambuco) y Pluspetrol (que opera en Coronel Cornejo el área gasífera de Ramos) avaluar por estas horas el ofrecimiento oficial.
La deuda total que tiene Cammesa con las generadoras de energía y petroleras que suministran gas para las centrales alcanzaba hasta el mes pasado los $1.074.258.000.000 ($1,07 billón) o el equivalente a unos 1.250 millones de dólares, según los últimos datos informados.