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Editorial EDITORIAL

El efecto Ledesma y las soluciones habitacionales

07.08.11

La extorsión y la falta de respuestas ante las necesidades más urgentes de la población conforman un cóctel inestable y peligroso para la paz social.

La ocupación de tierras del ingenio en Ledesma y la tragedia posterior con cuatro muertos no quedaron acotadas a una noticia de archivo periodístico. Por el contrario, sus efectos se multiplicaron en todo el territorio jujeño y llegaron hasta Tucumán, donde en las últimas horas se registraron serios incidentes que incluyeron heridos y detenidos. También en Salta hubo intentos de ocupación de lotes y viviendas en la capital y Rosario de Lerma.

El problema debe abordarse desde la honestidad. La historia reciente demuestra que la crisis habitacional en el país no puede ser achacada solo a este gobierno. Gestiones anteriores tampoco pudieron encontrar una salida; pero el momento económico que hoy vive la Argentina puede ser el camino para llegar a una solución definitiva.

No solo hace falta planes de vivienda: se necesita respaldo hipotecario y acceso crediticio, y eso se consigue con garantías laborales y empleo genuino. La solución, entonces, no puede ser una medida aislada, sino que debe partir de una estrategia integral, que contemple el trabajo real como valor intangible para llegar al sueño de la casa propia.

En ese escenario, la seguridad jurídica es irrenunciable. Las ocupaciones ilegales, al igual que los cortes de ruta, no ayudan en nada a dar confiabilidad para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y desalientan cualquier posibilidad de generación de puestos de trabajo desde el capital privado.

El panorama, luego de la toma de tierras privadas en Ledesma, es preocupante, sobre todo porque la solución parece lejana. Pero aún lo es más si la salida se plantea como un mero paliativo populista, donde la propiedad privada se convierte en un botín de guerra.

Recurrir a la expropiación para subsanar un déficit habitacional histórico en el país es directamente un absurdo.

Promocionar la idea de que a través de la extorsión y la violencia la propiedad privada pasa a ser de todos es como intentar apagar el fuego con nafta. Hoy, las ocupaciones ilegales le dan a la región ese sombrío panorama de tierra de nadie. La barbarie y el oportunismo se apoderaron de la razón de quienes legítimamente necesitan un lugar donde vivir.

Es en ese mismo panorama donde el caos desdibuja los límites y los derechos de unos y otros se trastocan, donde el orden se debilita y la seguridad jurídica se transforma en una utopía.

 

La falta de viviendas y la crisis habitacional es una realidad innegable en todo el país, y las políticas aplicadas hasta el momento solo han intentado poner paños fríos sobre la candente realidad.

 

Está comprobado que las soluciones habitacionales en poco contribuyen. El mensaje del Gobierno nacional reivindica para sí grandes logros en la materia, utilizando este discurso como parte de un esquema que ya no se sostiene. Una solución habitacional no es lo mismo -aunque el kirchnerismo pretenda hacer creer lo contrario- que un terreno habitable o una vivienda para un grupo familiar.

 

Desde la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aseguran que en los últimos 8 años se brindaron 836.000 “soluciones habitacionales”, aunque la cifra no establece cuántas de estas soluciones cumplieron cabalmente con el objetivo de brindar un techo a las familias que hoy no lo tienen.

 

En este contexto, no es extraño que las usurpaciones ocurran en provincias donde se utiliza el mismo discurso. Pero a diferencia de otras regiones, en el NOA y NEA, la pobreza estructural desnuda con mayor virulencia el problema. Es en estas zonas postergadas donde se necesita una asistencia inmediata. Los anunciados fondos de reparación histórica aún están en deuda.

El flagelo es claramente identificable y hoy existen herramientas para llegar a una solución definitiva, realista y sin atajos. Expropiar, vulnerar derechos, extorsionar y dejar que el orden se altere con actos antijurídicos no garantiza el acceso a la vivienda y destruye el derecho a la propiedad. Esto no es justo para nadie.

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