La petrolera Repsol tiene todo preparado para presentar, a partir del 10 de noviembre, una demanda de arbitraje internacional por la confiscación del 51 % de YPF, con el objetivo de que Argentina pague a la firma española una compensación justa por lo que considera un expolio ilegal.
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La petrolera Repsol tiene todo preparado para presentar, a partir del 10 de noviembre, una demanda de arbitraje internacional por la confiscación del 51 % de YPF, con el objetivo de que Argentina pague a la firma española una compensación justa por lo que considera un expolio ilegal.
En mayo, Repsol remitió una carta a la presidenta Cristina Fernández, en la que declaraba la existencia de una controversia entre la compañía y el Estado argentino, con lo que dio el primer paso para llevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).
Entonces se abrió un plazo de 6 meses para que ambas partes intentaran llegar un acuerdo antes de que Repsol presentara definitivamente la demanda de arbitraje, un periodo que expira el próximo 10 de noviembre, según informaron a Efe fuentes jurídicas.
Desde que estalló el conflicto en abril, el Gobierno argentino no ha dado muestras de querer llegar a un acuerdo con Repsol, según las fuentes, por lo que “no parece probable” que se pueda alcanzar antes de dicha fecha, máxime después de que el Ejecutivo del país austral decidiera anular la única reunión que llegó a fijarse para negociar.
El objetivo de Repsol es que se declare ilícita la actuación de Argentina y que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
Hasta la “nacionalización”, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en 10.500 millones de dólares (unos 8.050 millones de euros al cambio actual).
La compañía entiende que la operación llevada a cabo por Argentina vulnera los compromisos asumidos.
Aunque este convenio establece un plazo de 18 meses para dirimir discrepancias entre los firmantes, Repsol entiende que es de 6 meses, por una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países.