El interventor del INADI, Pedro Mouratian, manifestó hoy su preocupación por el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta (CIF) sobre un caso de supuesto abuso de dos menores por parte del propietario de un transporte escolar.
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El interventor del INADI, Pedro Mouratian, manifestó hoy su preocupación por el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta (CIF) sobre un caso de supuesto abuso de dos menores por parte del propietario de un transporte escolar.
En un comunicado, Mouratian expresó que “nos preocupa el agravio que el informe supone a la figura de la mujer y la vulneración flagrante que esto configura en los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que la Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y que, tal instrumento internacional, ostenta jerarquía constitucional”.
“Afirmaciones (de este tipo) no hacen más que reproducir estas relaciones de poder intentando justificar la conducta de un abusador e invirtiendo, con fundamentos irrisorios, la responsabilidad objetiva de quien comete un delito en quien es víctima indiscutida del mismo” declaró Mouratian.
Según consta en el informe, firmado por la directora del Cuerpo de Investigaciones del Poder Judicial de Salta, Gabriela Buabse y presentado ante la Fiscalía Correccional N° 7, se señaló que “se pudo observar que con las (niñas) que tuvo conflicto son de una fisonomía diferente a las demás niñas, presentan una contextura más desarrollada que las demás”.
Además, en el informe de organismo judicial, se afirma que la nena de nueve años, una de las dos víctimas, “se muestra como una niña extrovertida y desenvuelta” y “relata los hechos sin mostrar signos de angustia ni sentimientos de culpa”.
Y agregó: “Que no se muestra como una niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede ser objeto de deseo”.
Como agravante, según el Inadi, en el informe de Buabse se pone de manifiesto un desconocimiento absoluto de los derechos del niño/a niña y adolescente que, en nuestro país, se encuentran garantizados por la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su decreto reglamentario 415/2006, ratificando y haciendo obligatoria, en todo el territorio nacional, la aplicación de la Convención de los Derechos del niño, por la cual los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño/a.
Según la discriminación por motivos de género encuentra sustento en estructuras de dominación y poder históricamente establecidas que ubican a los varones en una situación de superioridad respecto de las mujeres.