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14 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
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Responsables de violencia institucional

Miércoles, 31 de octubre de 2012 12:11

Quienes defendemos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de las mujeres expresamos nuestra enorme preocupación por los prejuicios, la irresponsabilidad, la falta de profesionalismo y la vulneración de derechos humanos del informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

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Quienes defendemos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de las mujeres expresamos nuestra enorme preocupación por los prejuicios, la irresponsabilidad, la falta de profesionalismo y la vulneración de derechos humanos del informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

¿Dónde quedan los derechos de las víctimas de la violencia sexual, en este caso dos niñas de tan corta edad, si al hecho de un informe cargado de prejuicios y expresiones irresponsables y vulneratorias de derechos se suma que en Salta no existe un Cuerpo de Querellantes Oficiales que defienda los derechos de las víctimas, máxime frente a delitos contra la integridad física?

El CIF sostiene el discurso de la justificación del abuso sexual a las niñas, ya que si en cambio de una niña de 9 años se hubiera tratado de un niño de 9 años -hecho por igual reprobable- cabe preguntarnos si hubiera dicho: “Sino que se ubica más bien en un lugar de hombre mostrando un cuerpo de hombre que puede llegar a ser objeto de deseo... ”. Es obvio que no.

Las víctimas deben ser protegidas por ser esta una obligación de los Estados nacional y provinciales, obligación a la que se han comprometido internacionalmente. Esto no se cumple desde el momento en que no se garantiza el acceso a la justicia a través de un Cuerpo de Querellantes Oficiales entre los cuales se cuenten profesionales especializados en la defensa de derechos de niños, niñas, adolescentes. Tampoco desde que un informe del Ministerio Público Fiscal sostiene el discurso de la justificación del delito de abuso sexual a niñas.

En primer lugar, el “lugar de mujer” es algo a lo que no se accede por tener un “cuerpo de mujer”. En segundo lugar, las irresponsables afirmaciones del informe indican que para el CIF el cuerpo de mujer es objeto de deseo y con ello se cosifica a la mujer y se la sostiene en un lugar de objeto y no de sujeto. Parece desconocer el CIF que el turismo sexual que se mueve en torno a niños y niñas, la trata de menores de edad, la pornografía infantil en internet y todo este deplorable comercio sexual mundial tiene lugar precisamente no por detentar las niñas “un cuerpo de mujer” sino por detentar un cuerpo de niñas.

Este irresponsable, falto de profesionalismo y vulneratorio de derechos, informe del Ministerio Público es demostrativo de un alto grado de violencia institucional porque las niñas víctimas sufren una revictimización o victimización de segundo grado con este informe. Y también la madre de la niña porque ha sido presentada por el CIF como alguien con “mayor interés en el castigo que pueda recibir el acusado, que en las consecuencias que trae dicho suceso a su hija”, desalentando así las denuncias de abuso sexual a niños y niñas.

La condena al autor de delitos contra la integridad sexual es parte de la necesaria reparación a la víctima. La impunidad naturaliza la violencia y contribuye a su reproducción y reiteración. La búsqueda de la condena de los responsables de hechos delictivos es una responsabilidad estatal, aunque el Cuerpo de Investigadores Fiscales la desaliente desde sus informes. Pero lejos de hacerse cargo de su responsabilidad, se avala, se sostiene y se premia con cargos de magistrados y funcionarios a quienes han sostenido y sostienen la doctrina de la justificación de los abusos sexuales a niñas y mujeres.

*Esta opinión de la defensora oficial civil Natalia Buira tiene la adhesión de la Alianza Nacional de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres.

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