El oficialismo intentó ayer una tenue defensa del indefendible informe rubricado por la directora del CIF, Gabriela Buabse.
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El oficialismo intentó ayer una tenue defensa del indefendible informe rubricado por la directora del CIF, Gabriela Buabse.
Así como el lunes la Procuración había hecho decir a la funcionaria en cuestión que todo lo que se refería al presunto abuso de dos niñas en un colectivo escolar formaba parte de una campaña contra su persona y contra el Cuerpo de Investigadores Fiscales, a través del mismo medio se publicaron ayer una serie de consideraciones de la fiscal María Inés Loyola, a cargo ahora del caso y cuya mayor preocupación es que “esto - es decir, el sorprendente informe del CIF que causa conmoción en todo el país- esté siendo ampliamente valorado por los medios, cuando se trata de un caso en el que se impone una reserva absoluta, especialmente porque así lo plantea la Ley de Protección al Menor de Salta”.
El problema central para la funcionaria es que se sepa que un degenerado abusó de dos nenas en un transporte no identificado, aunque los nombres no se publiquen- y no que el CIF confíe sus informes a personas que consideran que una nena de nueve años puede excitar a un adulto.
Loyola, por lo pronto acepta la validez del informe - realizado por legos, sin supervisión letrada y sin Cámara Gesell - y anticipa que no vislumbra “las tendenciosas consideraciones que hace la prensa del mismo, y cuando sea el caso -dice- lo usaré para fundamentar la acusación fiscal”.
La funcionaria no tenía necesidad de hablar, pero al hacerlo debió ser un poco más minuciosa en detallar si le parece o no le parece aberrante el párrafo publicado que fue repudiado por la Corte de Salta, el Inadi, todos los organismos de derechos humanos y de la mujer, la ministra de Justicia, legisladores y legisladoras de todos los sectores.
Ni Loyola ni Buabse desmintieron la autenticidad del documento ni ofrecieron razón alguna para considerarlo válido para acusar al conductor.
A simple vista y a partir de la descripción que el texto hace podría suponerse que la acusación sería benévola.
Ambas parecen actuar por “obediencia debida”. A tal punto que Loyola retomó la actitud amenazadora de su colega: insinuó la posibilidad de iniciar actuaciones penales a los diarios que hayan hablado del tema.
Es ridículo, porque no hay forma legal de que eso prospere y ella lo sabe. También es probable que quienes inspiran sus palabras estuvieran dispuestos a hacerlo. Pero les haría falta otro orden jurídico.
Todo parece indicar que están defendiendo lo que saben indefendible. Puede ser un error, puede ser fruto de la incompetencia o puede tratarse de un intento de encubrimiento. También puede ser que detrás de este escándalo vuelva a aparecer la cultura misógina de una sociedad castigada por la violencia de género. Una cultura que, por qué no, puede expresarse a través de voces femeninas.
Por la noche, en la Cámara de Diputados volvió a funcionar la obediencia debida. Algunos oficialistas acusaron a El Tribuno, denunciaron un complot contra Buabse y defendieron al CIF como si recibiera un ataque desde afuera. Pero el ataque vino desde adentro y cada oficialista de los pocos que trataron de tapar el sol con las manos no hizo más que complicar cada vez más a la Procuración.
De hecho, centenares de comentarios de lectores de las páginas digitales de Salta y del resto del país solo acumularon críticas que se enardecieron luego de cada intervención de Buabse o de Loyola. Por eso, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Lucas Godoy, buscó una salida elegante: cuestionó la filtración del informe, relativizó su publicación en los diarios y pidió que la Comisión de Acuerdos del Senado trate de averiguar qué piensan realmente Buabse y los otros aspirantes a fiscales sobre los derechos de los niños.