“No quiero que mi honorabilidad se vea afectada por informes que no son míos”. Esto dijo Gabriela Buabse, al salir de la reunión en la Comisión de Acuerdos, donde defendió su pliego enviado por el Gobernador al Senado, como candidata a fiscal penal.
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“No quiero que mi honorabilidad se vea afectada por informes que no son míos”. Esto dijo Gabriela Buabse, al salir de la reunión en la Comisión de Acuerdos, donde defendió su pliego enviado por el Gobernador al Senado, como candidata a fiscal penal.
Fue insólito. Porque es su firma la que aparece al pie del informe que reveló este diario, en el que califica a una chiquita de nueve años, víctima de abuso sexual simple, según la imputación de la fiscal Correccional N§7, María Gabriela González, como una niña que no se muestra como tal, “sino que se ubica más bien en el lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”. Pero esto no es todo, sino que afirma también, que “puede percibirse en la madre de la niña, mayor interés en el castigo que pueda recibir el acusado, que en las consecuencias que trae dicho suceso a su hija”.
¿Y qué esperaba Buabse de la madre?
¿Con qué elementos científicos contaba como para asegurar que no estaba preocupada por las consecuencias que el episodio podía traerle a su hija? ¿Qué quiso sugerir con esto?
Además, la actitud de eludir su responsabilidad y descargarla en dos empleados de menor jerarquía, a quienes el Procurador General otorgó el título de “investigadores” sin que contaran con ninguna calificación profesional, es un dato muy revelador, en el perfil psicológico y profesional de quien está postulándose a un cargo de significativa importancia para la comunidad.
No hubo autocrítica. Ni disculpas.
Violación de garantías
¿Conocen los dirigentes del oficialismo, que salieron en defensa de la postulación de Buabse, las ocho páginas del informe que redactó? ¿El Procurador, se lo hizo llegar a los senadores, con todos los recaudos necesarios para proteger la privacidad de las víctimas y del imputado? ¿Lo leyó el Gobernador?
Porque si lo leyeron, podrán advertir fácilmente que la nota elevada por Buabse el 3 de mayo, tiene una introducción formal, en la que consigna que designó a los “investigadores” María Mercedes Posse y Benjamín Diez, “a fin de cumplir con las diligencias solicitadas”.
A continuación aparecen las entrevistas realizadas a 19 menores y a las dos víctimas, todas entre siete y diez años, violando los protocolos y las prácticas aceptadas internacionalmente, para investigar los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Habida cuenta que solo podían ser entrevistadas en presencia del asesor de menores, por peritos psicólogos o psiquiatras, en Cámara Gesell y con las garantías que la ley ordena para proteger su privacidad, honor e integridad.
Y finalmente, en 34 líneas, bajo el título de “Conclusión” se plantea una tesis, en cinco líneas, que dice: “De la investigación efectuada y analizado el contenido del presente informe, se advierte claramente que (L), el imputado, tiene buen concepto por parte de la mayoría de los entrevistados, tanto por los padres, como por los menores que viajaban en el transporte”.
Las 29 líneas siguientes están dedicadas, claramente, a demostrar la tesis por la vía de la descalificación de las víctimas. Desde el sentido común, cualquiera puede advertirlo. “Porque tienen una fisonomía diferente”. Porque la chiquita de nueve años “se muestra como una niña extrovertida y desenvuelta”. Porque “no muestra signos de angustia “. Porque “cuenta los hechos sucedidos sin que aparezcan sentimientos de culpa”. O porque “se ubica en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”.
No es un renglón, sacado de contexto. Son 34 renglones que sirven para demostrarlo.
Sin embargo, prisionero de la lógica binaria de su obsesivo enfrentamiento con Juan Carlos Romero, el Gobernador salió ayer a defender, no solo a su autora y candidata a fiscal, sino también al informe. Atribuyó la difusión del escrito a una conspiración política. Porque fue publicado El Tribuno. Porque “se tomó un renglón sacado de contexto de un informe técnico (¿?) para editarlo de mala fe”. Porque “se quiere amedrentar a los funcionarios de la justicia”. En definitiva ha creído que, descalificando al mensajero, puede eludirse el debate sobre el mensaje. Pero eso no es posible: porque el mensaje que la directora del CIF envió a la comunidad y la ideología que lo sustenta son inadmisibles en una sociedad democrática. Así de simple.