En la comunidad wichi de Las Vertientes, en los límites con Formosa y Paraguay, se levanta un puesto de salud. Las obras llegaron después de que los aborígenes liberaran la camioneta de un empleado municipal que estuvo retenida desde mediados de septiembre por varias semanas, como garantía de cumplimiento de su reclamo. El antiguo edificio sigue de pie, pero no hay enfermero para atenderlo. Piso de tierra, paredes de adobe, techo con goteras, sin baño, sin agua, sin sala de parto, sin luz. Por todo eso, cuando el enviado de la Municipalidad llegó con una caja de herramientas para reparar la precaria estructura, los pobladores secuestraron su vehículo por entender que esa salita no tenía arreglo y que ya era momento de construir otra nueva.
Por la puerta abierta se pueden ver sin custodia la camilla, la balanza, el escritorio, cajas de medicamentos, gasas y hasta las jeringas de la vieja enfermería. Su antiguo responsable está por el momento a más de 50 kilómetros, en Santa Victoria Este. Es que había quedado envuelto en acusaciones por parte del municipio, que lo señalaban como el instigador. “Yo no tengo la camioneta, sino la comunidad, que hace años pide soluciones para la salita. Yo soy el que sufre las necesidades y el abandono, el que tiene que sacar enfermos en un catre cuando se cortan los caminos”, había dicho Angel Rogelio Ceballos, de 51 años y lo más parecido a un médico que tenían las 85 familias que viven del Pilcomayo.
Hoy, la referencia sanitaria es el agente sanitario. Solo en septiembre, el enfermero atendió 158 pacientes. De las 293 personas, 75 son niños menores de seis años y más de 50 todavía esperan su primer DNI para poder cobrar algunos de los planes sociales que hoy le son inaccesibles. “La gente lo tomó como una burla, porque le mandaron a un hombre con una caja de herramientas, cuando ellos piden un puesto de material. Llegó con clavos y un martillo para asegurar las chapas”, dijo Ceballos que fue el único denunciado por el secuestro. Marcelo Santos, cacique de la comunidad dijo a El Tribuno que está conforme. “Preocupa la falta el enfermero y si llega a pasar algo”, dijo.
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En la comunidad wichi de Las Vertientes, en los límites con Formosa y Paraguay, se levanta un puesto de salud. Las obras llegaron después de que los aborígenes liberaran la camioneta de un empleado municipal que estuvo retenida desde mediados de septiembre por varias semanas, como garantía de cumplimiento de su reclamo. El antiguo edificio sigue de pie, pero no hay enfermero para atenderlo. Piso de tierra, paredes de adobe, techo con goteras, sin baño, sin agua, sin sala de parto, sin luz. Por todo eso, cuando el enviado de la Municipalidad llegó con una caja de herramientas para reparar la precaria estructura, los pobladores secuestraron su vehículo por entender que esa salita no tenía arreglo y que ya era momento de construir otra nueva.
Por la puerta abierta se pueden ver sin custodia la camilla, la balanza, el escritorio, cajas de medicamentos, gasas y hasta las jeringas de la vieja enfermería. Su antiguo responsable está por el momento a más de 50 kilómetros, en Santa Victoria Este. Es que había quedado envuelto en acusaciones por parte del municipio, que lo señalaban como el instigador. “Yo no tengo la camioneta, sino la comunidad, que hace años pide soluciones para la salita. Yo soy el que sufre las necesidades y el abandono, el que tiene que sacar enfermos en un catre cuando se cortan los caminos”, había dicho Angel Rogelio Ceballos, de 51 años y lo más parecido a un médico que tenían las 85 familias que viven del Pilcomayo.
Hoy, la referencia sanitaria es el agente sanitario. Solo en septiembre, el enfermero atendió 158 pacientes. De las 293 personas, 75 son niños menores de seis años y más de 50 todavía esperan su primer DNI para poder cobrar algunos de los planes sociales que hoy le son inaccesibles. “La gente lo tomó como una burla, porque le mandaron a un hombre con una caja de herramientas, cuando ellos piden un puesto de material. Llegó con clavos y un martillo para asegurar las chapas”, dijo Ceballos que fue el único denunciado por el secuestro. Marcelo Santos, cacique de la comunidad dijo a El Tribuno que está conforme. “Preocupa la falta el enfermero y si llega a pasar algo”, dijo.