La Policía desalojó a unas 80 familias que ocupaban ilegalmente el terreno perteneciente a Asembapras, en la zona norte de la capital.
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La Policía desalojó a unas 80 familias que ocupaban ilegalmente el terreno perteneciente a Asembapras, en la zona norte de la capital.
La orden judicial fue dispuesta por la jueza Correccional y Garantías de 2ª nominación, Mónica Faber, cuyo plazo para hacerse efectiva venció ayer al mediodía.
Las familias asentadas desde un principio aseguraron que no abandonarían el predio que está ubicado en la margen norte de las instalaciones de Asembapras y al este del barrio Parque Belgrano.
Llevaban allí más de 20 días bajo toldos plásticos improvisados marcando los lugares elegidos, muchos niños y algunos de los okupas estaban encadenados.
En la mañana de ayer comenzaron a llegar a la zona los efectivos de la Policía de la Provincia, Servicio de Emergencia 911 y Caballería.
La novedosa modalidad es que se cercó la zona con un vallado y efectivos, impidiendo salir a nadie ni ingresar, mucho menos la prensa.
Del otro lado de las vallas los familiares de los asentados imprimían tensión al ambiente frente a la presencia de un centenar de uniformados y tres carros de Infantería.
Todos esperaban la llegada de la jueza Faber quien finalmente se presentó en el lugar antes del mediodía para hacer efectiva la medida judicial.
La magistrado entró en el predio cercano e intentó hasta el último momento de persuadir a los ocupantes y lograr que se retiren sin violencia.
La Policía comenzó a desmantelar sin incidentes los improvisados toldos y las carpas y si bien logró que algunos abandonen las tierras voluntariamente, un grupo más radicalizado se mantuvo unido en el centro del predio que en realidad pertenece al Instituto Provincial de la Vivienda y donde tiene prevista la construcción de un barrio.
El problema surgió cuando quisieron movilizar a ese grupo.
Todos los medios de prensa estaban a unos 100 metros de donde ocurrieron los hechos y pudieron registrar una innumerable seguidilla de disparos de balas de goma, golpes y gritos.
El desbande ocurrió para el norte del predio y para el sur la Policía sacó al menos a cinco personas que fueron detenidas.
Fueron varios los heridos que recién fueron atendidos cuando pasó la batahola y pudo entrar la única ambulancia apostada en las cercanías. Tras los incidentes, fueron varios los okupas que prometieron volver a tomar esas tierras porque la gran mayoría pertenece originariamente a familias de residentes de barrios de los alrededores.
La jueza recordó que los intimaron
Cuando el desalojo terminó, la jueza Mónica Faber permitió el acceso y diálogo con la prensa, en momentos en que algunos ocupantes mostraban marcas de golpes y balas de goma y seis policías terminaron en observación con heridas leves. Explicó que los okupas exigen viviendas al Gobierno.
“La posesión que mantienen no es pacífica ni ancestral y además entraron con amenazas y clandestinidad”, aseguró.
La magistrada recordó que ya habían sido intimados para que voluntariamente abandonen el lugar, pero solo unos pocos lo hicieron.
Fabro indicó además que su presencia en el lugar fue para garantizar que el desalojo se haga de la manera “más pacífica y legal posible”.
Sobre los hechos violentos dijo que “yo estuve presente en todo momento y la fuerza policial actuó de una manera correcta, No hubo agresiones, salvo cuando hubo mucha resistencia”.
En cuanto a las armas remarcó que “no hubo balas, sí escuché ruidos como cohetes, y no sabía si eran armas de fuego”.
Y pese al cercado perimetral del terreno la magistrada aseguró que no se prohibió la entrada a la prensa.
Les proponen la zona sudeste
“Es lamentable que se haya llegado al desalojo cuando, en realidad, siempre mantuvimos abierto el diálogo sabiendo que hoy hay otra posibilidad de obtener un terreno, que es en la zona sudeste”, aseguró ayer el subsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto.
Horas después del desalojo del predio de Asembapras, el funcionario recordó que desde el principio de la toma hubo diálogo con las familias, a las que les solicitaron los papeles de inscripción en el Instituto Provincial de la Vivienda o que se inscribieran si no lo habían hecho.
“Nuestra función es social entendiendo que hay una necesidad habitacional, pero para atenderla necesitamos identificarla y para ello hay que hacer los papeles”, sostuvo.
Según Barreto, pocas familias se acercaron a actualizar sus carpetas del IPV o a registrarse. “Es una pena que no hayamos podido llegar a buen puerto”, sostuvo.
El subsecretario insistió en recordar que ahora la Provincia avanzará en la urbanización de 40 hectáreas expropiadas en la zona sudeste. La idea es entregar los lotes con los servicios, por lo cual recién después del verano podrían finalizarse los trámites de factibilidad y extensión de las redes. Mientras, insistió en la inscripción de las familias interesadas.