La aprobación del pliego de Gabriela Buabse como fiscal penal debe leerse no sólo como una reivindicación en toda la línea de su comportamiento profesional, del contenido ideológico y de la metodología utilizada para redactar el polémico informe que suscribió, sino también y principalmente como un fuerte respaldo del gobernador de la Provincia a su jefe, el procurador Pablo López Viñals, principal impulsor del nombramiento y de sus ideas.
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La aprobación del pliego de Gabriela Buabse como fiscal penal debe leerse no sólo como una reivindicación en toda la línea de su comportamiento profesional, del contenido ideológico y de la metodología utilizada para redactar el polémico informe que suscribió, sino también y principalmente como un fuerte respaldo del gobernador de la Provincia a su jefe, el procurador Pablo López Viñals, principal impulsor del nombramiento y de sus ideas.
De esta manera Urtubey fortaleció a un abogado ligado a la derecha más autoritaria, antidemocrática y conservadora que opera hoy en el Poder Judicial. Integrante de un núcleo que, desde adentro o afuera de la institución, pretende manejar a su antojo la justicia salteña, con grave riesgo para los derechos y garantías consagrados en la Constitución. El procurador ha sabido tejer una telaraña en la que varios quedaron atrapados, maniobrando con astucia entre las obsesiones, los prejuicios, los odios y los contenciosos aldeanos.
De manera que lo que hasta el viernes pasado era un murmullo que corría por los pasillos, desde entonces ha pasado a ser un dato contundente de la realidad: en el edificio de la avenida Bolivia el que ordena y manda es López Viñals.
A la Corte de Justicia, cualquier funcionario de su confianza puede agraviarla. Afirmando, por ejemplo, que es un Tribunal que “no respeta la integridad e intimidad de los menores”, sin prejuicios para utilizar aquel viejo mecanismo de la provocación, mediante el cual se atribuye a los demás los comportamientos que son patrimonio del que acusa. Tal como hizo Buabse, en declaraciones que le adjudicaron antes de que comparezca a la reunión con la Comisión de Acuerdos del Senado, pero que en realidad fueron redactadas por la oficina de prensa del procurador y giradas desde allí a los medios.
Justificaciones
Urtubey tuvo que salir personalmente a respaldar no sólo a Buabse, sino también al informe que suscribió. De otra manera el repudio de la opinión pública y de distintas organizaciones hubieran complicado demasiado la obediencia debida de los senadores.
En ese contexto, fueron muy significativas las fotografías tomadas durante la sesión de la Comisión de Acuerdos. Allí puede verse a la entonces candidata Gabriela Buabse, en la posición de quién se encomienda a Dios y reza una plegaria, mientras los senadores, con sus rostros serios y circunspectos, aparecen con la actitud grave y concentrada de quién debe proceder a tragarse un sapo.
No fue trascendente para el gobernador ni para la mayoría de los legisladores que la candidata haya caracterizado en un expediente judicial, a una chiquita de 9 años, víctima de abuso sexual, como una persona que “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”.
Tampoco que dos empleados del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, sin calificación ni competencia profesional, victimizaran nuevamente a las menores, tomándoles declaración a ellas, sus compañeritas y familiares, violando los derechos y garantías establecida en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, los procedimientos ordenados por las leyes nacionales y provinciales al respecto, y los protocolos aceptados por la Corte de Justicia de Salta desde 2007, cuando adoptó la “Guía de prácticas para el abordaje judicial de niños, niñas y adolescentes , víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos”, elaborada por la UNICEF.
Ni se consideró importante la lectura y el análisis del informe. “Para resguardar la privacidad de las menores y el imputado”. Nadie les pedía que imprimieran fotocopias. Y para resguardar la privacidad, bastaba con suprimir los nombres, domicilios, colegios y números de documentos que aparecen en la nota y pudieran servir para identificar a las víctimas. Porque en definitiva no hacían al fondo de la cuestión. Esas dos niñas de nueve y diez años, víctimas de un abuso sexual, eran todas nuestras niñas. Y los conceptos con que se las describía agraviaban también a todas las niñas.
Cuando llegó el turno de las preguntas, algunas sonaron similares a las que utilizaba Carlitos Balá en sus programas. Cuando preguntaba:
- ¿Qué gusto tiene la sal? Y todos respondíamos a coro: Salada!
¿Qué iba a contestar entonces la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales, cuando le preguntaron su opinión sobre el abuso sexual contra los niños?