El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó hoy a la pena de prisión perpetua al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, por homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad cometidos durante la dictadura militar en el denominado “Circuito Camps”, y resulta el primer civil con funciones de gobierno en recibir penas por su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad.
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El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó hoy a la pena de prisión perpetua al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, por homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad cometidos durante la dictadura militar en el denominado “Circuito Camps”, y resulta el primer civil con funciones de gobierno en recibir penas por su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad.
Los jueces condenaron también, con la misma pena, al ex jefe de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz, Rodolfo Campos, Horacio Luján, Norberto Cozzani, Carlos García, Luis Vicente Patrault, Bernabé Corrales, Fernando Svedas, Miguel Kearney, Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello, Víctor Sita, Domingo Almeida y Roberto Grillo.
Los magistrados impusieron las penas de 25 años de prisión para Eros Amílcar Tarela y Jorge Antonio Bergés; 18 años para Roberto Cabrera; 15 años para Sergio Verduri; 14 años para Daniel Lencinas; 11 años para Pedro Ferriole y 2 años de cumplimiento efectivo para Santiago Antonini.
Entre los hechos por los cuales fueron condenados Etchecolatz y los demás represores se cuentan lo ocurrido en la ‘Casa de la calle 30‘: el asesinato del matrimonio Teruggi-Mariani y la apropiación de la hija de ambos, Clara Anahí, quien aún continúa desaparecida y es buscada intensamente por su abuela María Isabel ‘Chicha‘ Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
También se cuentan el secuestro del periodista Osvaldo Papaleo y su hermana Lidia Papaleo de Graiver, así como también del ex director del diario El Cronista Comercial Rafael Perrota, delitos agravados ‘por ser las victimas perseguidos políticos‘, cometidos en los centros clandestino Puesto Vasco de la comisaría de Don Bosco y Arana, entre otros.
A partir de las 18, el presidente del Tribunal, Carlos Rozansky, comenzó la lectura de la sentencia, cuyos fundamentos fueron diferidos, que fue seguida en la sala de audiencias por el canciller Héctor Timerman y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
En su fallo, el tribunal ordenó la inmediata detención del ex ministro de gobierno de la dictadura, Jaime Lamont Smart, así como el alojamiento en cárceles del Servicio Penitenciario a la mayoría de los condenados.
Entre las penas dictadas, se cuentan aquellas por otro de los casos emblemáticos de la última dictadura, ‘La noche de los lápices‘, cuando estudiantes secundarios que reclamaban por el
boleto estudiantil fueron secuestrados y asesinados.
También recibió la pena de prisión perpetua el ex ministro Smart, el único civil de jerarquía con responsabilidad en el gobierno de facto en la provincia, mientras que su superior
inmediato, Iberico Saint Jean, murió durante el transcurso del juicio.
Sobre Smart, el Tribunal pidió que se investigue su participación directa en una decena de asesinatos.
Tras la lectura del veredicto, Etchecolatz, quien ya cumplía dos condenas similares, extrajo de entre sus pertenencias un cartel que exhibió de manera provocativa y que señalaba: ‘Justicia dónde estas‘ y ‘Justicia corrupta‘.
Fue entonces cuando el presidente del tribunal ordenó el desalojo de la sala, mientras el ex jefe de Inteligencia era abucheado por el público que minutos antes había aplaudido la
condena.
El TOF 1 sostuvo que los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron fueron cometidos en el marco de un ‘genocidio‘ perpetrado contra un grupo nacional con la intención de su
‘exterminio‘, un encuadre jurídico que había sido rechazado en otros juicios por delitos de lesa humanidad.
Todos los acusados fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, tales como privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio agravados por el ensañamiento y la alevosía con que
fueron cometidos, y por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y desaparición forzada de menores.
En las 80 audiencias en que se extendió el juicio, realizadas desde el 12 de septiembre de 2011, se oyeron testimonios sobre las 360 víctimas que estuvieron secuestradas y fueron torturadas o desaparecidas en los seis centros que integraban el Circuito Camps.