Hay una especie de acostumbramiento a la ineptitud judicial, que es un peligroso congelamiento republicano.
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Hay una especie de acostumbramiento a la ineptitud judicial, que es un peligroso congelamiento republicano.
El trágico 30 de diciembre de 2004 en el que murieron 194 personas en un boliche que tenía vencido el certificado contra incendios desnudó una trama de funcionarios ineptos, abandono estatal e indefensión ciudadana.
Cromañón fue un disparate. La primera frase del jefe de Gobierno en servicio, Aníbal Ibarra, fue “yo no tuve nada que ver”. ¿Sabía cuáles eran sus deberes? La discusión es si el que se sienta en una función ejecutiva sabe para qué se sienta. Esta democracia todavía no definió los roles ni las obligaciones que le caben a políticos y votantes”, dice Jorge Giacobbe, analista político y miembro del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
La olla que se destapó
“La ineficacia del Estado es una forma de corrupción. En el caso de Cromañón fallaron servicios municipales, pero también federales, aunque quedaran menos evidenciados.
La Policía y los bomberos no pudieron resolver eficazmente la emergencia”, explica a Infobae José Miguel Onaindia, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles.
La tragedia mostró más que ningún otro acontecimiento muchos de los problemas estructurales del país. Controles mal hechos por inoperancia o por corrupción, y una clase política sólo preocupada por salvar sus posiciones y nunca por asumir la responsabilidad de la situación, son algunas de las cosas que quedaron expuestas.
“Cromañón involucra también a la Policía, los hospitales y la asistencia pública. En fin, a la prevención inexistente y al sistema de salud deteriorado. Pero sería arbitrario centrarse sólo en ese caso. ¿Amado Boudou puede seguir siendo vicepresidente? ¿Merecemos tener un juez como Norberto Oyarbide, o que ahora se hayan visto tan perjudicadas las personas que utilizan la línea A del subte? Así podríamos hacer una larga lista. El desprecio por el ser humano se está instalando en Argentina, con responsabilidades gubernativas nacionales y locales”, afirma el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.
Ocho años después
“Creo que no se han producido modificaciones. Si algo demostró que siguen presentes las mismas problemáticas fue la Tragedia de Once. Todavía persiste la ineficacia en el control sobre temas tan trascendentes como el transporte público”, cuenta Onaindia.
Los 52 muertos que provocó un accidente tan anunciado por las agencias de control son una prueba de la continuidad de los mismos problemas. Todo lo que había llevado a la tragedia de Cromañón se replicó, con el agravante de que el tren es un servicio público que tiene al Estado como responsable último.
La única salvedad quizás sea que la respuesta del SAME en Once fue mucho más efectiva que ocho años antes.
La corrupción, sin condena
“Nadie fue. Eso es la Argentina. Hay que tomar conciencia de que estamos en piloto automático. Es grave que nunca haya responsables”, afirma Giacobbe.
“Al instalarse como un práctica sostenida en el tiempo -dice Onaindia-, se creó un grupo de privilegiados que no tiene ningún interés en dejar de gozar de esos privilegios. Y eso está en la política y en la sociedad civil, porque para que un funcionario se corrompa tiene que haber alguien que lo incite”.
Faltas de control, corrupción e impunidad forman parte del mismo problema: la ausencia de instituciones fuertes. Sin organizaciones que pongan límites a los deseos y debilidades individuales, cada uno hace lo que quiere. O lo que puede.
Así, los que se corrompen fácilmente saben que no tendrán represalias; personas sin conocimientos ocupan cargos de mucha responsabilidad y los que quieren hacer bien las cosas no tienen una estructura en la que apoyarse.