Miguel Escalante, El Tribuno
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Miguel Escalante, El Tribuno
“La brutalidad contra los indefensos es un acto inhumano y cobarde”, definió ayer en diálogo con El Tribuno María Cristina Sorraco de Erazo, quien denunció que su hijo Diego Martín Erazo (27) fue brutalmente golpeado en la Alcaidía Judicial por personal penitenciario. “Pretendían que se desnude para someterlo a una extraña revisión, aparentemente ilegal. Pero no solo le pegaron a más no poder, sino que horas después le hicieron firmar la libertad y lo expulsaron del lugar. Sin embargo, no pudo hacerlo, ya que cayó fulminado por las convulsiones en la puerta misma del centro de detención provincial, sin recibir atención médica del profesional que en esos momentos se hallaba en el lugar, quien no lo auxilió para no comprometerse. Eso es indignante”, consideró la mujer.
El joven fue derivado al hospital San Bernardo con custodia policial, donde está actualmente internado con el diagnóstico de politraumatismos graves. El lamentable hecho, de acuerdo con la denuncia, se produjo la madrugada del 22 de febrero, minutos después de que Diego Erazo hiciera su ingreso a la Alcaidía Judicial, por supuesto desorden público.
“A su ingreso fue revisado por el médico legal del Servicio Penitenciario, quien rubricó el perfecto estado de salud en el que se encontraba. Pero poco después fue flagelado por personal interno de la Alcaidía, esos que se hacen llamar "los lagartos'”, suscribió la mujer y el joven (lo hizo por escrito, desde su lecho), en sendas presentaciones hechas en las comisarías 9 y 6, y en la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias.
“Todo este proceso de denuncia estuvo viciado por todo tipo de contrariedades y escollos, que a cada paso me fueron interponiendo tanto algunos policías como funcionarios de la Fiscalía, que pretendían que la víctima (mi hijo) se desplazara hasta allí para formular los cargos, cuando los certificados médicos y los informes que, por supuesto, están a su alcance, hablan a las claras de que Diego no puede levantarse y de que estuvo al borde de la muerte”, continuó.
Luego agregó: “Gracias a los médicos del San Bernardo y a su personal, que me dieron aliento cuando mi hijo ya estaba por abandonarnos... Ellos me dieron las fuerzas para reclamar el cese de estas agresiones perversas que al parecer son tan comunes, como puede dar fe el personal de salud pública, que tiene que curar las secuelas de actos vandálicos. Estas prácticas, al parecer, tienen visos de legalidad o al menos de prácticas comunes”, consideró.
“Hoy puedo decir que me escucharon, porque a mi hijo lo visitó el médico legal de Policía y agentes de la seccional novena se solidarizaron con él tomándole la denuncia, a lo que el personal de otras comisarías se había negado, amparándose en la ausencia de la víctima. Ese procedimiento anacrónico debe ser corregido, porque yo no fui a denunciar los golpes recibidos por mi hijo, fui a denunciar la ilegalidad de esos actos inhumanos, en nombre de todos los ciudadanos”, finalizó.