La disputa entre el Gobierno, las provincias y la petrolera Repsol YPF por las inversiones en el sector energético siguen subiendo de tono y ya involucran cruces directos entre Argentina y España.
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La disputa entre el Gobierno, las provincias y la petrolera Repsol YPF por las inversiones en el sector energético siguen subiendo de tono y ya involucran cruces directos entre Argentina y España.
En la petrolera están convencidos de que el Gobierno los quiere erigir como nuevo enemigo, en el marco de una estrategia que necesita encontrar sectores a los cuales enfrentarse para consolidar poder propio, y más en un año que promete ser de vacas flacas.
La nacionalización de la petrolera privatizada en los 90 sobrevuela la escena, sobre todo desde que corrió fuerte la versión antes del discurso de la presidenta Cristina Fernández en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la jefa de Estado no dio pista alguna sobre esa posibilidad, que tiene en vilo a un mercado que prefiere una Repsol YPF en manos privadas.
Esa posible estatización, audaz y temeraria a juicio de algunos analistas de mercado, no tendría respaldo económico teniendo en cuenta que la Argentina no solo afronta una cada vez más notoria sequía de divisas, sino que además circulan datos de que el país tiene un déficit de 7.000 millones de dólares para hacer frente a vencimientos de deuda de este año.
Salvo que la Argentina busque recorrer un camino cercano a la Venezuela de Hugo Chávez, donde primero se decidan las reestatizaciones y se dejen las compensaciones económicas para más adelante, lo cual pondría al país totalmente de bruces contra el mercado, que volvería a cuestionarle la “inseguridad jurídica”.
En el Congreso aseguran que existe un supuesto proyecto de ley que busca dar una vuelta de campana y dispone que la propiedad del petróleo es de la Nación, corriendo a las provincias y dejando a las empresas solo como operadoras del negocio.
Así, ese proyecto arriesgaría que el petróleo pertenece al Estado nacional y que las empresas serían solo operadoras de los pozos.
Hasta señalan que su impulsor es el ascendente viceministro de Economía, Axel Kicillof, por el cual la Nación pasaría a ser la propietaria del petróleo. El problema es que ese proyecto, si existe, podría terminar generando el rechazo de las propias diez provincias petroleras -ahora aliadas-, porque la reforma constitucional de 1994 estableció que las reservas les pertenecen. Sea cual fuere la decisión, la tendencia oficial de la Casa Rosada hacia un rol cada vez más protagónico del Estado es clara.
Se visualiza en el rol cada vez más omnipresente del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el comercio exterior, y ahora en el énfasis con que Cristina defiende a Kicillof.
Pocas veces la Presidenta había utilizado tantos minutos y semejante énfasis para sostener a un viceministro, e incluso echar mano de términos fuertes contras quienes osaron cuestionarlo, como acusarlos de “nazis”.
Está claro que en el renovado mapa de poder cristinista, Moreno y Kicillof se sumaron al rol central que ya mostraban hombres como Carlos Zannini y el jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, sumado a la permanente asistencia de su hijo Máximo y los activos jóvenes de La Cámpora.
Mientras esos temas buscan encaminarse, la Casa Rosada y las provincias hicieron causa común para retirarle a YPF las áreas petroleras donde, desde la óptica oficial, no se están haciendo las inversiones necesarias.
A las cuatro áreas petroleras retiradas por Chubut y Santa Cruz, se sumarían otras ubicadas en las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa, de acuerdo con lo que se discute en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), un ente que estuvo diez años paralizado hasta que se decidió ahora desempolvarlo.
Existe preocupación en el gobierno de España por esta ofensiva contra una de sus principales empresas, justo en momentos en que el país europeo atraviesa una crisis sin precedentes y padece un desempleo récord.
“Los intereses de YPF son los de Repsol, y por lo tanto de España”, recordó en ese marco el ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, en declaraciones que cayeron mal en la Casa Rosada y derivaron en una enfática respuesta del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.