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Brasil: Dilma no quiere más transas

Sabado, 17 de marzo de 2012 12:20

Rousseff heredó el sistema de alianzas forjado por Lula, pero de entrada exhibió su intención de cambiar las reglas.

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Rousseff heredó el sistema de alianzas forjado por Lula, pero de entrada exhibió su intención de cambiar las reglas.

Montada sobre el más de 70% de imagen positiva que le otorgan las encuestas, la presidenta Dilma Rousseff intenta afirmar su autoridad frente a las incesantes presiones extorsivas de las formaciones políticas que acompañan al Partido de los Trabajadores (PT) en la coalición gubernamental, que generaron un cortocircuito en la relación entre el Palacio del Planalto y el Congreso brasileño.

Desde la restauración de la democracia en 1985, los mandatarios brasileños tuvieron que desarrollar una laberíntica red de alianzas parlamentarias, que implicaron una cuotificación de la estructura del Estado. Fernando Collor de Melo quiso ser la excepción y duró poco. Fue destituido por el Parlamento en 1991.

Rousseff heredó el sistema de alianzas forjado por Lula, pero de entrada exhibió su intención de cambiar las reglas de juego. De allí que en 15 meses hayan renunciado una docena de ministros, en su mayoría de partidos aliados del PT, acusados de hechos de corrupción ampliamente ventilados por los medios de comunicación social.

Entre los partidos aliados crece incluso la sospecha de que algunas sonadas denuncias periodísticas contra altos funcionarios fueron alimentadas desde las máximas instancias gubernamentales para facilitarle a la primera mandataria la tarea de limpieza. A Rousseff se le reprocha también que, a diferencia de Lula, no defiende a los ministros cuestionados por estos episodios.

Uno de los puntos de la disconformidad de los legisladores fue la renuencia presidencial a liberar las denominadas “enmiendas parlamentarias”, que son las partidas presupuestarias no ejecutadas en cada ejercicio y que los senadores y diputados se encargan de redistribuir en beneficio de sus territorios.

No hay que extrañarse demasiado por la visibilidad alcanzada en Brasil por la corrupción política. Según el Tribunal Superior Electoral, hay 25.000 dirigentes políticos que fueron candidatos a cargos electivos en los últimos comicios y que no podrían serlo en los próximos por no haber justificado debidamente los gastos proselitistas que realizaron en esa ocasión. Lo notable no reside tanto en la índole de la infracción como en la penalización del hecho.

Juego de presiones

El núcleo duro de la coalición oficialista es el acuerdo entre el PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuyo titular es el vicepresidente Michel Temer. Es una relación difícil. La mayoría de los legisladores del PMDB no se siente suficientemente recompensada por el gobierno y suele poner palos en la rueda en el trámite parlamentario de algunas iniciativas oficiales.

Históricamente, el PMDB es el heredero directo del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que durante el régimen militar que imperó entre 1964 y 1985 aglutinó a las fuerzas opositoras. Tanto el PT como el Partido Social Democrático Brasileño (PSDB), el principal partido de la oposición, que gobernó con Fernando Henrique Cardoso, y el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), fundado por el legendario Lionel Brizola, nacieron como desprendimientos del MDB. Solo el derechista Partido Demócrata (PD), no proviene del viejo MDB.

La única vez que el PMDB logró encumbrar a una de sus figuras en el Planalto fue en 1985, pero José Sarney, quien fue el primer presidente de la nueva etapa democrática, había sido elegido como compañero de fórmula de Tancredo Neves y tuvo que asumir la primera magistratura ante el sorpresivo fallecimiento del mandatario electo, ocurrido horas antes de su ceremonia de juramento.

No obstante, el PMDB conserva un aceitado engranaje en los estados y municipios brasileños y tiene también una elevada representación parlamentaria. Sabe lo que es ser aliado de un gobierno y también manejarse como socio oculto desde la oposición, un rol que desempeñó incluso durante la presidencia del general Joao Baptista Figueiredo, durante la apertura política del régimen militar.

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