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El traspaso de los subtes, a la Justicia

Lunes, 05 de marzo de 2012 22:21

La Ciudad de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que no haya cambios en el control de los subtes “hasta tanto” el Ejecutivo nacional cumpla con las obligaciones del acta acuerdo. De este modo, judicializó el conflicto con la Nación, ya que De Vido había intimado ayer a Mauricio Macri.

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La Ciudad de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que no haya cambios en el control de los subtes “hasta tanto” el Ejecutivo nacional cumpla con las obligaciones del acta acuerdo. De este modo, judicializó el conflicto con la Nación, ya que De Vido había intimado ayer a Mauricio Macri.

Según el portal Infobae.com, el escrito exige que la Justicia ordene al Estado nacional -Ministerio de Planificación Federal- que “se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero, quinto y concordantes” del acta acuerdo firmada a principios de año.

Los artículos citados en el escrito judicial aluden al compromiso que había asumido el Ejecutivo nacional de abonar $360.000.000 en concepto de subsidios en un plazo de doce meses y a la obligación porteña de aplicar como método de percepción de boletos el Sistema único de boleto electrónico (SUBE), entre otros aspectos técnicos del acuerdo

Entre los argumentos que la Ciudad mencionó como “fundamento jurídico” de la pretensión, aludió a la resolución 10 de la Secretaría de Transporte con la que se “incumplió la obligación asumida en el artículo tercero” del acta acuerdo.

Es que, según el análisis de los equipos técnicos de la Ciudad, dicha norma administrativa implicaba la “eliminación de todo subsidio a cargo del Estado nacional”.

Como segundo punto de conflicto, el Gobierno porteño recordó la reciente polémica por el retiro de la Policía Federal de los andenes, “que pone en riesgo a las personas, a los usuarios y a los bienes afectados a la prestación del servicio público de transporte subterráneo”.

La Ciudad hizo reserva de la cuestión federal; es decir, que en caso de considerarlo necesario podría llegar a la Corte Suprema por las respectivas vías de apelación, teniendo en cuenta que hay derechos de orden constitucional en pugna.

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