A menos de dos semanas de la tragedia de Once que dejó como saldo 51 muertos y más de 700 heridos, el juez federal Claudio Bonadío determinó ayer, por la tarde, la prohibición de abandonar el país al secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, dado de alta recientemente tras sufrir una afección cardíaca, y al dueño de la empresa concesionaria TBA, Claudio Cirigliano.
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A menos de dos semanas de la tragedia de Once que dejó como saldo 51 muertos y más de 700 heridos, el juez federal Claudio Bonadío determinó ayer, por la tarde, la prohibición de abandonar el país al secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, dado de alta recientemente tras sufrir una afección cardíaca, y al dueño de la empresa concesionaria TBA, Claudio Cirigliano.
La medida que tomó el juez incluye también al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, al titular de la CNRT, Eduardo Sícaro, y a integrantes del grupo empresario que administra TBA.
Según indicaron fuentes judiciales, Bonadío ya notificó de la medida a Gendarmería, a la Policía Federal y a la Dirección General de Aduanas.
La de ayer fue una decisión llamativa luego de que el magistrado aceptara la semana pasada el pedido del Gobierno de ser querellante en la causa que, irónicamente, lo lleva como uno de los principales responsables de la tragedia de Once, junto a la empresa TBA.
No obstante, la Cámara Federal revisará la decisión del juez Bonadío de aceptar al Gobierno como querellante.
La medida fue determinada luego de que el abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como querellante en representación de heridos del hecho, apeló la decisión del magistrado de tener como parte denunciante al Gobierno, ya que los funcionarios y personas del Ejecutivo “pueden resultar imputadas” en la causa.
Por otro lado, si el Gobierno actúa como parte querellante le dan “la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación”, especificó Dalbón.
En esta línea, el letrado recusó al juez Bonadío para que abandone la causa, al tiempo que lo denunció por el delito de prevaricato (consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta), luego de dictar resoluciones contrarias a la ley, informaron fuentes judiciales.
Dalbón consideró que el juez federal cometió una “flagrante violación” del Código Procesal Penal, que reserva la figura de querellante, “en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública”.
En rigor, la decisión del juez Bonadío de negar la retirada del secretario de Transporte del país pone sobre el tapete la cuota de responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Planificación Federal, la Secretaria de Transporte de la Nación y finalmente a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Esta última interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros, en todo el territorio nacional. También asiste en la supervisión respecto del funcionamiento de las empresas ferroviarias, en cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria.