El diario “El Universal”, de México, dio a conocer esta semana un informe de la Drough Enforcement Agency, DEA, elevado al Congreso de EEUU, en el que se brindan detalles acerca de la nueva dirección que han tomado los grandes carteles de la droga: la región andina sudamericana. El informe aparece a unos días de las declaraciones del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, alertando acerca de la cantidad sin precedentes que se logró secuestrar en territorio salteño. De esta manera, hechos sonados, como las amenazas a los magistrados de Salta y Jujuy, asesinatos en la frontera, la aparición de la figura del “sicario”, miembros de las fuerzas de seguridad detenidos con drogas, narcos de origen colombiano actuando en el NOA, etc., dejan de ser, según el informe de la DEA, sucesos aleatorios.
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El diario “El Universal”, de México, dio a conocer esta semana un informe de la Drough Enforcement Agency, DEA, elevado al Congreso de EEUU, en el que se brindan detalles acerca de la nueva dirección que han tomado los grandes carteles de la droga: la región andina sudamericana. El informe aparece a unos días de las declaraciones del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, alertando acerca de la cantidad sin precedentes que se logró secuestrar en territorio salteño. De esta manera, hechos sonados, como las amenazas a los magistrados de Salta y Jujuy, asesinatos en la frontera, la aparición de la figura del “sicario”, miembros de las fuerzas de seguridad detenidos con drogas, narcos de origen colombiano actuando en el NOA, etc., dejan de ser, según el informe de la DEA, sucesos aleatorios.
Según el documento, los carteles mexicanos han ampliado su estrategia de expansión y desde hace un tiempo comenzaron a operar en Perú y Bolivia, países claves en la producción de cocaína. Para la DEA, las bandas de narcotraficantes mexicanos coparon la región andina, estableciendo una estrategia de alianzas con grupos locales en lo que se conoce como “La guerra narco por el territorio”. Bandas como “Los Rastrojos”, “Urabeños” y “Los Paisas”, autores de incontables episodios de violencia, “han fortalecido sus nexos en la zona andina, que hoy produce más de este alcaloide que Colombia”, señala el informe.
El reporte que se entregó al Senado estadounidense destaca que Perú atraviesa un momento crítico en su lucha contra las drogas. En 2010 Perú produjo 325 toneladas de cocaína, superior a las 270 toneladas que en el mismo año produjo Colombia. Las cifras representan un aumento del 44 por ciento respecto a 2009 y el más alto nivel desde 1995. Así se dibuja un escenario en el que los carteles, principalmente de Colombia y México, operan redes robustas de distribución de drogas en el Perú y que cada vez están más involucrados en la coordinación de grandes cargamentos en el resto del continente.
Para la DEA, los traficantes mexicanos y colombianos son socios desde hace años y cuentan con la estructura operativa y con la logística suficiente para coordinar los envíos al extranjero. Los norteamericanos aseguran que una parte importante de la cocaína peruana se exporta para el consumo local de Brasil, Chile y Argentina. El organismo detalla que las largas y poco vigiladas fronteras de Sudamérica se convirtieron en una base ideal para las operaciones de tráfico de drogas.
Actualmente Bolivia es el tercer mayor productor de cocaína del mundo, por detrás de Colombia y Perú, pero, sobre todo, se trata de una zona esencial para el tránsito de la cocaína peruana. La DEA, expulsada de ese país en 2009, asegura que hay una mayor presencia de narcos colombianos y mexicanos en Bolivia. Según el informe, el país se ha vuelto atractivo para estas organizaciones criminales trasnacionales, ya que en su territorio el cultivo de coca aumentó más de un 35 por ciento entre el 2006 y 2010, hasta alcanzar las 35 mil hectáreas sembradas, dice la información.
En vez de la maceración tradicional que se empleaba, en las tradicionales “cocinas”, los narcos colombianos y mexicanos han impuesto el sistema de laboratorio químico en la producción de Bolivia.
La presencia de estas organizaciones se evidencia por un marcado aumento de la violencia y la corrupción de servidores públicos, como René Sanabria Oropeza, máximo jefe de la lucha antidroga boliviana, pero detenido en febrero de este año en Panamá con más de 100 kilos de cocaína.