En una decisión de alto voltaje político y económico, el Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiarle a la española Repsol el 51 por ciento de su participación accionaria en YPF y tomar el control de la petrolera, a la cual intervino de inmediato.
La medida adoptada por la administración kirchnerista provocó un fuerte impacto en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy la calificó de "injusta y discriminatoria" y conformó un comité de crisis para analizar posibles represalias legales y comerciales contra la Argentina.
En un acto en la Casa Rosada transmitido por cadena nacional, la presidenta Cristina Kirchner responsabilizó a Repsol por la caída de la producción de hidrocarburos registrada en los últimos años, al argumentar la decisión oficial de expropiar las acciones de la empresa de origen ibérico, que controla YPF desde 1999.
Hasta el momento, Repsol cuenta con el 57,43 por ciento de las acciones "Clase D" de YPF -vendidas originalmente al sector privado-, mientras que el 25,46% permanecerá en manos del Grupo Petersen, conducido por la familia argentina Eskenazi, y el resto de los papeles continuará flotando en bolsa.
Mediante el proyecto de ley enviado al Parlamento, que ya ingresó al Senado, el Gobierno busca declarar "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio" de Repsol, en un intento por recuperar de manos extranjeras a la petrolera fundada en 1922 y privatizada por el ex presidente Carlos Menem en 1992.
De acuerdo con el proyecto anunciado, el control de la empresa correrá en un "51 por ciento" por parte del Estado nacional y un 49 por ciento por las provincias petrolíferas, dentro del paquete de acciones que pasarán a manos del Estado.
Según el Gobierno, la política llevada adelante en los últimos años por Repsol-YPF "tuvo como consecuencia la multiplicación de las importaciones de combustibles ascendiendo (en 2011) a 9.397 millones de dólares", debido a falta de inversiones y una caída de la producción de parte de la compañía.
En este contexto, la embestida que inició en marzo pasado la Casa Rosada contra la petrolera, y que incluyó la caducidad de numerosas áreas de explotación de hidrocarburos que operaba aquí la hasta ahora empresa hispano argentina, llegó finalmente a su punto culminante este lunes.
Tras varios días de reuniones y versiones cruzadas la semana pasada, el Gobierno blanqueó la decisión de redoblar el paso y acelerar su desembarco en el directorio de YPF, para tomar el control de la firma en detrimento de los intereses de Repsol, que se quedará con menos del 10% de las acciones.
inicia sesión o regístrate.
En una decisión de alto voltaje político y económico, el Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiarle a la española Repsol el 51 por ciento de su participación accionaria en YPF y tomar el control de la petrolera, a la cual intervino de inmediato.
La medida adoptada por la administración kirchnerista provocó un fuerte impacto en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy la calificó de "injusta y discriminatoria" y conformó un comité de crisis para analizar posibles represalias legales y comerciales contra la Argentina.
En un acto en la Casa Rosada transmitido por cadena nacional, la presidenta Cristina Kirchner responsabilizó a Repsol por la caída de la producción de hidrocarburos registrada en los últimos años, al argumentar la decisión oficial de expropiar las acciones de la empresa de origen ibérico, que controla YPF desde 1999.
Hasta el momento, Repsol cuenta con el 57,43 por ciento de las acciones "Clase D" de YPF -vendidas originalmente al sector privado-, mientras que el 25,46% permanecerá en manos del Grupo Petersen, conducido por la familia argentina Eskenazi, y el resto de los papeles continuará flotando en bolsa.
Mediante el proyecto de ley enviado al Parlamento, que ya ingresó al Senado, el Gobierno busca declarar "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio" de Repsol, en un intento por recuperar de manos extranjeras a la petrolera fundada en 1922 y privatizada por el ex presidente Carlos Menem en 1992.
De acuerdo con el proyecto anunciado, el control de la empresa correrá en un "51 por ciento" por parte del Estado nacional y un 49 por ciento por las provincias petrolíferas, dentro del paquete de acciones que pasarán a manos del Estado.
Según el Gobierno, la política llevada adelante en los últimos años por Repsol-YPF "tuvo como consecuencia la multiplicación de las importaciones de combustibles ascendiendo (en 2011) a 9.397 millones de dólares", debido a falta de inversiones y una caída de la producción de parte de la compañía.
En este contexto, la embestida que inició en marzo pasado la Casa Rosada contra la petrolera, y que incluyó la caducidad de numerosas áreas de explotación de hidrocarburos que operaba aquí la hasta ahora empresa hispano argentina, llegó finalmente a su punto culminante este lunes.
Tras varios días de reuniones y versiones cruzadas la semana pasada, el Gobierno blanqueó la decisión de redoblar el paso y acelerar su desembarco en el directorio de YPF, para tomar el control de la firma en detrimento de los intereses de Repsol, que se quedará con menos del 10% de las acciones.
Se trata de papeles "Clase D", que el Estado nacional vendía originalmente al sector privado cuando Menem decidió desprenderse
de la petrolera YPF, al convertirla en Sociedad Anónima en 1992, mediante la Ley 24.145.
Este lunes, se suspendió la cotización de las acciones de YPF en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y también en Wall Street después del anuncio de Cristina.
La iniciativa oficial deberá ser tratada en primera instancia por el Senado, donde justamente el ex presidente ocupa una banca y podría incluso votar en favor de la nacionalización de YPF, y apunta a declarar de "interés público nacional e interés público prioritario" el autoabastecimiento petrolero. El envío de la propuesta al Congreso se produce después de que fuera madurando en el seno del Gobierno la posibilidad de transformar a YPF en una compañía con un modelo de gestión mixto, en el que convivan capitales estatales y privados, similar a lo que ocurre en la brasileña Petrobras.
Tras el anuncio de Cristina, la administración kirchnerista dispuso la intervención de YPF y según pudo averiguar Noticias Argentinas, ubicó en el puesto de director ejecutivo de la petrolera a Exequiel Espinosa, quien se desempeñaba hasta ahora al frente de ENARSA (Energía Argentina SA).
El proyecto prevé, además, la creación de un Consejo Federal de Hidrocarburos con el Ejecutivo y todas las provincias para fijar la política del sector.
Cristina justificó la nacionalización de YPF al advertir que en 2011 fue la "primera vez en 17 años" que el saldo comercial de combustibles fue negativo en el país.
"De proseguir esta política de vaciamiento, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en términos de crecimiento, de industria, en un país inviable", enfatizó Cristina.
La mandataria sostuvo que en ese caso la Argentina se convertiría en un "país inviable" por políticas "empresariales" y no por falta de recursos.
Cristina aclaró que el Estado promoverá asociaciones con el sector privado en las distintas operaciones de la empresa, según lo evalúe, y consideró que el manejo la compañía se "profesionalizará".
La mandataria aseguró que no va a "contestar ninguna amenaza", ni va a "responder ningún exabrupto" y no se va a "hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron" en los últimos días, en medio de versiones sobre la estatización de YPF.
"Soy una jefa de Estado y no una patotera", enfatizó la Presidenta en un colmado Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, al cuestionar "improperios, agravios y descalificaciones" surgidas tanto en Argentina como en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy fustigó con dureza la postura -y la decisión- de la Casa Rosada.
Cristina Kirchner advirtió que no apunta a un modelo de "estatización" porque se conserva a la empresa como "sociedad anónima" y que la conducción de la compañía será "absolutamente profesionalizada".
La mandataria pidió, finalmente, que "esto no pertenezca a un Gobierno" y remarcó: "No soy eterna, otros u otras vendrán".
En el acto de este lunes estuvieron presentes gobernadores, como los mandatarios de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburo) y miembros del Gabinete nacional.