A dos meses de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y otras 703 resultaron heridas, las responsabilidades por el hecho apuntan a funcionarios del Gobierno Nacional, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y al motorman de la formación.
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A dos meses de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y otras 703 resultaron heridas, las responsabilidades por el hecho apuntan a funcionarios del Gobierno Nacional, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y al motorman de la formación.
En esa línea, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a 30 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los hermanos Sergio, Antonio y Roque Cirigliano, dueños de TBA, y el motorman Marcos Antonio Córdoba.
Las declaraciones comenzarán el 7 de mayo y también están citados el actual y el ex presidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romeo, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
Para el juez, se encuentra "configurado el estado de sospecha" para llamar a indagatoria, tras recibir los primeros informes periciales que los expertos ferroviarios realizaron sobre el tren.
A eso se suman otros informes sobre los subsidios que el Estado giró a la empresa y las malas condiciones de funcionamiento de los trenes, lo que para el fiscal del caso, Federico Delgado, configura "desidia" y "muchas negligencias" que "fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero", cuando se produjo el choque del tren en la estación de Once.