Diversos sectores de trabajadores en sus recientes reclamos solicitaron al Gobierno la suba de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias; fijar para las jubilaciones el 82% móvil de las remuneraciones de los trabajadores activos; y actualizar los montos de las retribuciones máximas para que los trabajadores puedan cobrar las asignaciones familiares.
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Diversos sectores de trabajadores en sus recientes reclamos solicitaron al Gobierno la suba de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias; fijar para las jubilaciones el 82% móvil de las remuneraciones de los trabajadores activos; y actualizar los montos de las retribuciones máximas para que los trabajadores puedan cobrar las asignaciones familiares.
Es evidente que, desde el sindicalismo, estos tres puntos no dejan de ser conquistas sociales, lo que ha generado una pelea aparentemente irreversible entre el Gobierno y el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT). Tendríamos que determinar si es una disputa política o una reivindicación solo para un sector de los trabajadores.
Me limitaré a analizar en este artículo, desde lo económico, el origen, las causas y las consecuencias del pedido de elevar el mínimo no imponible a los contribuyentes sujetos pasivos (trabajadores) del impuesto a las ganancias.
Este impuesto grava entre otras utilidades, las remuneraciones de los trabajadores (cuarta categoría), siendo actualmente sujetos pasivos:
a) los trabajadores solteros que ganan más de $5.782 y
b) los casados con dos hijos con ingresos mayores a $7.998.
Se estima que este año los que pagarán el impuesto a las ganancias serán cerca de dos millones de trabajadores registrados en todo el país, casi el 20% del total.
Recordemos que, para ser contribuyente del impuesto a las ganancias, las retribuciones de un trabajador deben superar un monto determinado por el Gobierno (AFIP) y que este importe no se actualiza de acuerdo a la inflación desde el año 2001. Esto genera que en cada aumento de sueldos, también se incremente la cantidad de trabajadores que deben pagarlo.
Según un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), este impuesto aporta cerca del 6,6% de la recaudación tributaria en todo el país. Según ese documento, este es un porcentaje bajo si lo comparamos con el 25,3% de promedio que aportan los trabajadores de un grupo de naciones -en su mayoría del Primer Mundo- que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Opiniones desencontradas
Son varios los especialistas que opinan que el salario es una retribución al trabajo y no una utilidad, y por lo tanto no debería estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Promueven entonces la derogación de esta norma.
El sector sindical, liderado por Hugo Moyano, entiende que al pedir que se actualicen los montos en cuestión defienden lo que legítimamente les corresponde a los trabajadores y que estas disputas fortalecen la democracia. Piden además mayor participación para tratar estos temas.
El Gobierno, por su parte, afirma que solamente una elite de asalariados, que no llega al 20% (dos de cada diez empleados en blanco), deberán pagar el impuesto a las ganancias en el país y advierten que si se considerara a los trabajadores informales, este porcentaje disminuye considerablemente. También aclara que el impuesto a las ganancias es coparticipable y que si disminuye su recaudación, se verán afectadas las provincias.
Propuestas legislativas
Son varios los legisladores nacionales que han propuesto a través de distintos proyectos buscarle una solución al conflicto entre el Gobierno y los distintos sindicatos y elevar el mínimo no imponible.
Pero entre todas estas iniciativas es importante mencionar una. Un grupo de diputados no oficialistas impulsan un proyecto de ley que propone desgravar la renta laboral hasta los salarios de $9.200. Calculan que esta medida significará una disminución en la recaudación de 4.000 millones de pesos, y aclaran que esta reducción sería compensada al gravar la renta financiera, lo que permitirá al Gobierno recaudar 5.000 millones de pesos. Los autores estiman que el proyecto beneficiará a “más de un millón de asalariados y a 150.000 jubilados que también pagan Ganancias a pesar de que ya se les había cobrado cuando estaban en actividad”.
La única verdad es la realidad
Sabemos que las finanzas del Gobierno no están pasando por su mejor momento ya que la recaudación fiscal está disminuyendo y cada vez es más difícil buscar financiamiento. También sabemos que los reclamos de los trabajadores tienen su lógica, porque sienten los aumentos de precios en relación con sus salarios y si no se ajustan los topes mínimos, será mayor el impuesto que deberán pagar. Además, crecerá el número de trabajadores obligados a hacerlo.
Pero hay otra realidad que toca muy de cerca a Salta y a muchas otras provincias donde la media de los ingresos por persona es solo la mitad de la media de los ingresos nacionales. Me refiero concretamente a que esta medida aumentaría la desigualdad y la brecha entre los trabajadores que más ganan y los que menos ganan. Nos preguntamos dónde está la redistribución del ingreso.
No se habla del problema
Estos conflictos nos demuestran dos cosas: a) que no se ataca el verdadero problema que es la inflación, y b) no existe un fondo anticrisis que se tendría que haber creado en épocas de gran crecimiento de nuestra economía.
Entiendo que todo sería más fácil si comenzamos entre todos a discutir un plan antiinflacionario. Desde ese debate podríamos entender y hasta apoyar algunas medidas implementadas últimamente, como la pesificación de la economía, las trabas a las importaciones, los topes a las negociaciones colectivas de trabajo o la disminución en la recaudación. ¿Será mucho pedir?